La Constitución Política de la República de Panamá, de 1972 y sus actos reformatorios, contempla los preceptos generales del derecho a un ambiente sano y el uso racional de los recursos naturales, así como dispone que el Estado y todos los habitantes del territorio nacional tienen el deber de propiciar un desarrollo que prevenga la contaminación del ambiente, mantenga el equilibrio ecológico y evite la destrucción de los ecosistemas (Art. 118 y 119). De esta manera, se entiende que la protección y defensa del ambiente no es un rol de exclusividad del Estado, sino de una concretización de acciones entre la administración pública, sociedad civil y demás actores sociales.
Y es que la participación ciudadana no debe circunscribirse únicamente a la reacción inmediata frente a un problema específico, como se da a menudo, sino extenderse a las causas de raíz de dicho problema, con el hecho de poder reforzar a la sociedad civil y fomentar la incidencia política en los temas que corresponden, la participación, como tal, y el fomento de la incidencia consisten en un cúmulo de actividades que tratan de influir en un actor con poder de decisión. En la práctica, se puede hacer ante cualquier persona, grupo o institución, para promover intereses individuales o colectivos e incrementar la participación en las democracias. Como sabemos, la democracia desde hace 20 años está en su proceso inacabado que se debe fortalecer con una nutrida participación ciudadana, y no solo de un grupo de la población civil.
Dentro de las características que encierran el cuidado y protección del entorno se encuentran mecanismos que son instrumentos de gestión al mismo. Por ejemplo, los estudios de impacto ambiental (EIA), como tal, son un sistema de advertencia temprana que opera a través de un proceso de análisis continuo, y que mediante un conjunto ordenado, coherente y reproducible de antecedentes, permite tomar decisiones preventivas sobre la protección del ambiente. Entre los puntos que contemplan el Decreto Ejecutivo 123, que regula los EIA, en su título IV, está el tema de la participación ciudadana, para informarse, debatir y replicar los proyectos o actividades a desarrollar, y que resulten en algún impacto perjudicial o beneficioso para el conjunto de la comunidad o población.
La participación de la comunidad es fundamental dentro de la evaluación ambiental, porque permite que las personas se informen y opinen con responsabilidad acerca del proyecto o actividad, como también, que obtengan respuestas fundadas a sus observaciones. La ciudadanía aporta datos relevantes a la evaluación ambiental, da transparencia a la revisión de los EIA, y declaraciones que otorgan solidez a la decisión de las autoridades.
Las explicaciones más recientes sobre el rol que tiene la participación ciudadana en este ámbito ahondan en el concepto de justicia ambiental en su dimensión de distribución equitativa de las cargas o externalidades ambientales. Estas corresponden a los efectos o impactos no deseados sobre un grupo de la población, producto de la realización de un proyecto o actividad.
El llamado problema ambiental se caracteriza por generar externalidades que deben ser distribuidas en la sociedad, de modo que su participación se encuentra directamente relacionada con las cargas ambientales a que se verá sometida con ocasión del desarrollo de un determinado proyecto.
Panamá es país firmante de diversos convenios sobre acceso a la información y acceso a la justicia en materia de medioambiente, así como también es miembro de programas de transparencia a la información como los gobiernos abiertos.
La gobernabilidad, la transparencia y el desarrollo sostenible, se consolidan a través de los foros y audiencias públicas, para que la población esté informada, participe, cuestione, debata y razone lo mejor para su comunidad y el país, sin ningún tipo de cortapisa ni restricciones.
