Recientemente, en este diario se publicó una información en la que el Fondo Monetario Internacional (FMI) “pide a Panamá mayor control en el gasto público” y hace sugerencias para que el gobierno aplique una serie de medidas que garantice un manejo responsable de los recursos del Estado.
Lo que ha enviado el FMI al gobierno son “señales de advertencia”. No se puede continuar con las prácticas de siempre que han llevado a los gobiernos a modificar constantemente la llamada “Ley de Responsabilidad Social” y acomodarla como una “camisa a la medida” para hacerle frente al déficit fiscal y elevar los niveles de endeudamiento. Los gobiernos han hecho caso omiso a las recomendaciones que hacen los organismos internacionales de financiamiento. En diversas ocasiones han planteado la necesidad de que los gobiernos –incluyendo el actual– definan políticas económicas, financieras y fiscales sobre normas legales y reglas claras. Estas políticas establecidas sobre un marco definido permitirán una eficaz y eficiente administración de los recursos del Estado, atender las crecientes demandas de la población para que se atiendan los problemas sociales que a diario “golpean” la vida de los panameños e invertir en obras de infraestructuras físicas y sanitarias que promuevan un desarrollo económico sostenido.
Desde hace varias décadas, el FMI, Banco Mundial y otros organismos internacionales plantean la urgencia de aplicar medidas orientadas a reducir el “tamaño” de la burocracia estatal y la necesidad de impulsar, a nivel estatal, un “plan de ajustes estructurales” frente al crecimiento acelerado y desordenado de la planilla del gobierno. Y han recomendado reducir, a niveles aceptables, los “gastos de funcionamiento” de los gobiernos. Pero, lo que ha ocurrido ha sido todo lo contrario.
El aumento del número de funcionarios al servicio del aparato gubernamental es algo que se explica, sin duda, como pagos de favores políticos adquiridos en las campañas electorales.
Pero el FMI “colocó el dedo sobre la llaga”. Advirtió, con sobrada razón, que “lo que está sucediendo en Panamá es todo lo contrario a lo que propugna el FMI”, que “la recaudación está por debajo de lo previsto en el presupuesto y de lo ingresado en el año anterior en el mismo período”. Esta es una grave advertencia de lo que ocurrirá en las finanzas públicas. Es un “grito desesperado” del FMI para que el actual gobierno establezca políticas que incrementen el volumen y contenido de los impuestos y maneje los recursos públicos con absoluta responsabilidad y transparencia.
Por último, el FMI hizo severas críticas y duros cuestionamientos al conocido mecanismo llamado “llave en mano”. Señaló que si bien es cierto la pasada administración utilizó este mecanismo para el desarrollo de obras, la actual también la utiliza para la ejecución de proyectos multimillonarios. Pero, lo más grave es que el Ministerio de Economía y Finanzas no incluye estos compromisos dentro de la deuda pública, debido a que las empresas contratistas gestionan su propio financiamiento, sin embargo, el FMI señala que para los efectos de este organismo sí deben incluirse, por lo menos como parte de la deuda neta del gobierno.
La situación planteada por el FMI es realmente preocupante. El gobierno no demuestra eficiencia en la recaudación de impuestos, por lo que se aproxima una inminente situación deficitaria entre los ingresos del Estado y el gasto público. El escenario que se vislumbra se agravaría de manera profunda, debido a un irresponsable manejo de los fondos públicos.
Además, si las entidades que manejan las políticas económicas del Estado no contemplan los compromisos reales en el servicio de la deuda interna y externa, entonces lo que ocurre en realidad es que se “maquilla” el publicitado desarrollo económico que experimenta el país. Estas críticas o denuncias del FMI ameritan una explicación.