La OCDE, entidad internacional que reúne a miembros representativos de treinta países del mundo, veinte de ellos del continente europeo, acaba de distinguir al mexicano José Angel Gurría con el encargo de presidir, en los próximos años, tan importante organización.
Para quienes están poco, o nada, familiarizados con la labor de este importantísimo organismo internacional resultará ilustrativo y significativo conocer que sus miembros se encargan de analizar todos los temas involucrados en el desempeño de la economía mundial y realizar todo lo necesario para lograr que ella funcione mejor. Dos mil expertos de diferentes especialidades enfrentan prioridades en el campo de las tasas de interés, tasas de cambio, flujo de inversiones, flujo del comercio, competitividad, pobreza, desarrollo sustentable, pensiones y sistemas de salud, generación de energía, energía nuclear así como los problemas migratorios, ambientales y de suministro y calidad del agua, entre otros.
Lo anterior no sólo resalta el conocimiento, la experiencia, la capacidad y el liderazgo demostrado por el representante de México para aspirar a tan cimero y distinguido cargo y, sobre todo, para hacerse merecedor de tan distinguida asignación sino que, más importante aún, la membresía de la ODEC ha demostrado elocuentemente su responsabilidad y real capacidad para sobreponerse a los tradicionales y mezquinos conceptos de "países más ricos", "países con mayor desarrollo", "países mayoritariamente europeos" y no imponer, basándose en ellos, "a uno de los suyos", aceptando a un miembro de un país considerado subdesarrollado, latinoamericano y con un minoritario número de representantes en la organización. El criterio de dirigencia ligado a un país desarrollado o a un determinado bloque mayoritario cedió, elegante e inteligentemente, paso a los positivos atributos de quien debe, por sus mejores cualidades, liderizarla.
¿Aprenderá nuestra clase política de ejemplo tan contundente para que se den los pasos necesarios y se enrrumbe nuestra incómoda y crítica situación jurídica, legislativa, económica, políticosocial de nuestra nación? Ante el clamor popular y nacional por la aguda crisis que vivimos, nadie puede restarle méritos al presidente Martín Torrijos por las medidas encaminadas a mejorar la administración pública, como fueron los nombramientos de la magistrada de Troitiño y el de la procuradora Gómez y el éxito en su gestión ante el diferendo con Panama Ports. Aunque con resultados que aún están por ver y del cual depende su credibilidad, pasos igualmente positivos lo constituyeron los nombramientos de las comisiones para la selección de nuevos magistrados para la Corte Suprema y el de la revisión de los códigos Penal, Procesal Penal y la comisión codificadora que debe elaborar esos proyectos de modificación. Y, aunque tropezó con la Ley 17, basado equivocadamente en los criterios de una mayoría parlamentaria, la nula reacción popular ante la imposición previa de la vigente ley fiscal y la ausencia de una oposición política, fraccionada y desgastada, hay que alabar el reconocimiento público del señor Presidente, de su grave equivocación y el de facilitar, seguidamente, el desempeño de la Mesa de Diálogo la que, tras arduos esfuerzos de todas las partes participantes, enfrenta hoy el reto de la Cámara Legislativa de no distorsionar los acuerdos alcanzados.
Hoy en día, nadie duda de que el sistema democrático y el de la libre empresa están demostrando ser lo mejor y lo más conveniente para el desarrollo de cada nación. Pero, ello necesariamente implica estar por encima de demagogias, de las ambiciones personales, partidarias o de influyentes grupos políticos y económicos. Y, en nuestro Panamá, desafortunadamente, la crisis institucional jurídica y legislativa es precisamente reflejo de esas negativas conductas, la que terminará lesionando al Ejecutivo y con ello, más grave aún, a nuestra economía y a nuestra estabilidad social.
La corrupción en nuestro sistema político no es un tema nuevo. La Fundación Heritage fue contundente en su informe, hace 4 años. Después de las expresiones públicas de los dos últimos embajadores norteamericanos en nuestro país, advirtiendo de sus graves consecuencias, se suma hoy el retiro de visa a un magistrado, como también lo hicieron antes a un ex presidente, señalamientos que retratan en el foro internacional una muy negativa imagen de nuestro país, al que nos esforzamos en proyectar "en orden" y "transparente". Si la actual Ley Magna de la República tiene agujeros que no permiten solucionar la presente, aunque crónica crisis, ha llegado el momento de encontrar la permanente solución, llámese reforma a la Carta Magna o la realización de una constituyente. Mientras, el inminente nombramiento de dos magistrados de la Corte Suprema debería, aunque la vigente Constitución faculta al Presidente, realizarse tomando en cuenta las observaciones de quienes, tras meses de esfuerzo, brindaron al Sr. Presidente recomendaciones dignas de ser tomadas en cuenta.
¿Lo sabrán entender y aceptar tanto el actual partido en el gobierno, la Asamblea Nacional, mayoritariamente PRD, como los restantes partidos políticos en oposición? ¿ o tendremos que enfrentar una explosión social para alcanzarlo?
El autor es doctor
