De los maestros constitucionalistas que al partir de este mundo dejaron un vacío profundo, aunque todavía perdura su magia como guías y formadores de las juventudes estudiosas del derecho, debo referirme a los doctores César Quintero y Dulio Arroyo.
Con ambos me reuní en la residencia del Dr. Quintero, en el área de El Carmen –un hogar impresionante por su austeridad y sobriedad–, cuando nos encontrábamos en el umbral de las reformas constitucionales de 1983.
Nos acompañó otro grande del derecho constitucional, el Dr. Humberto Ricord, y los coroneles Araúz, Ayala y Segura. De aquella reunión preservo sabios consejos y enseñanzas. El Dr. Quintero señaló que los ensayos de reformas parciales o profundas a la Constitución deben dejar de lado los temas políticos y dar mayor espacio al espíritu academicista para preservar la democracia.
Es decir, las reformas deben enfocarse en el fortalecimiento de la República y el bienestar de las mayorías, no en beneficio de los proponentes, en el poder. “¡Cuando esto último sucede –y ojalá no sea la intención esta vez– se entra en el campo de la corrupción y el abuso del poder!”, exclamó el Dr. Quintero, con una mirada penetrante.
“Contrario a lo que muchos piensan, un ensayo reformador representa un avance científico de las ciencias sociales en la conducción de los pueblos, no político partidista para controlar el poder. Recomiendo leer los ensayos del Dr. José Dolores Moscote”, agregó el destacado constitucionalista.
El Dr. Arroyo, en tanto, señaló que como las circunstancias de la época (1982) no eran las apropiadas para convocar una Constituyente, se podría organizar un frente amplio y diverso, que hiciera propuestas a la Constitución Política de 1972, sin restricciones ni frenos, con miras a redactar el documento reformador. Explicó que de ese esfuerzo podrían emerger nuevos capítulos y artículos, según el consenso de la comisión, los que luego serían divulgados –por un periodo de 90 días como mínimo– y aprobados en un “referéndum democrático”.
Regresemos a la actualidad y veamos lo que ocurre hoy. Conocemos de la integridad moral y profesional de los ciudadanos designados por el Ejecutivo, mediante decreto, para que integren la comisión especial encargada de compilar y estructurar la propuesta sobre reformas a la Constitución vigente de 1972. Según nota de 19 de abril de 2011, la viceministra María Fábrega, quien firma como presidenta del Consejo de Concertación para el Desarrollo, los notables designados solo podrán: Llevar adelante amplias consultas, evaluar las propuestas e ilustrar debates. A partir de lo acopiado en las consultas, la comisión especial podrá elaborar una propuesta de reformas, que presentará al Consejo de Gabinete.
Mi primera observación al respecto es que no hace falta semejante caudal de talento, como el que aflora en la comisión especial, para hacer un mero trabajo de compilación, redacción y estilo. No puedo evitar expresar, de manera constructiva y vertical, que este método solo visto en sociedades con regímenes totalitarios, a todas luces, es irrespetuoso y desconsiderado para con la ciudadanía. Preocupa el silencio de los notables, que serán utilizados como meros receptores de sugerencias, cual funcionarios de ventanilla.
Vistas las cosas así, el Gobierno pretende introducir reformas que le otorguen el derecho a la reelección, por ello, incurre en el procedimiento insólito de limitar el ejercicio a los artículos de su conveniencia, sin dar señales de corregir las debilidades de nuestra Carta Magna. Por ejemplo, eliminar la perjudicial y excesiva concentración del poder bajo un solo puño; es decir, lograr una verdadera independencia entre los órganos del Estado, la Procuraduría, la Contraloría y la fuerza pública, a todas luces, manejados por aquellos cercanos a la Presidencia.
En definitiva, se está dando una situación implícita de realidades disimuladas que se resume en lograr el derecho a reelegirse, sin renunciar al dominio del poder absoluto de la nación. Ante este panorama, vale señalar que si la comisión no logra que el Gobierno rectifique y se abra a la consulta plena, con espíritu democrático y con la representación de los partidos políticos, iglesias, universidades, empresarios, trabajadores, profesionales, artistas, artesanos, hombres del mar, capitalistas, miembros de las diversas etnias, campesinos y agricultores organizados, etcétera, a fin de que juntos, con la orientación de la comisión, revisen los 15 capítulos, artículo por artículo, de nuestra Constitución, ¿para qué prestan sus nombres y prestigio en esta farsa de la administración de la República? ¿En dónde queda la dignidad y el honor? ¡Compatriotas, la conciencia ciudadana les mira! Les recomiendo, respetuosamente, a los comisionados, que revisen la compilación del Dr. Jorge Fábrega Ponce, Estudios de derecho constitucional de Panamá.
