A pesar de las sesiones extraordinarias, el proyecto de ley nunca fue aprobado lo que nos libró de la pesada carga de otra ley anti-mercado. El nuevo gobierno ha prometido que este año revaluará las opciones para resolver el problema del alto número de inmigrantes ilegales, y la complejidad y abuso del sistema migratorio panameño. Cualquier propuesta que el gobierno nos presente debe consolidar el sistema migratorio bajo una política que busque sacar ventaja de los beneficios económicos del libre comercio internacional de capital y mano de obra.
Ausente de las justificaciones que nos daba el gobierno anterior para modificar nuestras leyes migratorias, estaban las acusaciones de corrupción y venta de visas que fueron hechas en contra del gobierno de Moscoso y Pérez Balladares por la prensa extranjera y sus propios servidores públicos, algunos de ellos despedidos por dar a conocer este problema a la luz pública. Según me explican abogados de Migración, una de las causas del alto número de inmigrantes ilegales en Panamá es la corrupción. Y una de las razones por el alto nivel de corrupción en este sector es que las leyes que regulan la inmigración de nuestro país están esparcidas por aquí y por allá, escritas sin ninguna política coherente en mente. Esto crea un sistema con una infinidad de requisitos y excepciones que dan cabida a interpretaciones oportunistas, abusos y corrupción. Ahora, el nuevo gobierno debe evitar la tentación de querer reducir la corrupción, creando más reglas y requisitos. En su lugar debe proponer una política pro-migratoria que guíe el proceso de consolidación de las leyes existentes.
Pero si la reducción de la corrupción es un gran reto, crear una política pro-migratoria, dadas las actitudes nacionalistas de muchos panameños, es un desafío aún mayor. Por ejemplo, se estima que en los últimos cinco años más de 800 mil extranjeros decidieron establecerse aquí.
Tomando ventaja de la xenofobia galopante en ciertos círculos de nuestra sociedad, estas cifras fueron utilizadas por el gobierno anterior para desentenderse del problema del desempleo que sus políticas anti-mercado habían creado, acusando a los extranjeros de robarle plazas de trabajo a panameños. En realidad, la mayoría de estos extranjeros son pensionados que hacen de Panamá su hogar, gracias a las ventajas que el sistema migratorio ofrece a este grupo, lo que convierte a Panamá en el segundo destino más atractivo para pensionados. Otro gran porcentaje invierte en Panamá millones de dólares y por consiguiente crea fuentes de trabajo para los panameños. Y en realidad, es casi imposible para un extranjero abrir un almacén al por menor, o para cualquier extranjero conseguir trabajo si no tiene “talentos extraordinarios”.
El nuevo gobierno debe dejar atrás las actitudes xenofóbicas y crear una política que tome en cuenta que, por siglos, grandes y pequeños países han utilizado la inmigración como fuente de desarrollo económico. Para una economía como la nuestra que no alcanza su potencial, admitir más inmigrantes incrementa la población. Esto significa más consumidores y más ventas de productos y servicios. Al aumentar las ventas se incrementa la demanda y la productividad laboral, lo que incentiva el aumento de salarios e impulsa el crecimiento de la economía. Cabe recalcar que si estos extranjeros roban plazas de trabajo a panameños –aunque cifras del Ministerio de Trabajo prueban lo contrario–, hay que considerar la posibilidad de que el problema no sea los extranjeros sino los mismos panameños que no están capacitados para esos trabajos. Entonces no es un problema de inmigración el que enfrentamos, sino la necesidad de capacitar la fuerza laboral local para funcionar en un mercado global.
En efecto, el problema de inmigración ejemplifica claramente el reto de modernizar la administración pública y promover el desarrollo económico. El desempeño del nuevo gobierno en este área dará luces a lo que podemos esperar de él en los próximos cinco años.
