Hace un par de semanas leí con agrado que en este espacio de la Fundación Libertad se proponía que para lograr la modernización del Estado necesitábamos de un servidor público autónomo, responsable de sus decisiones. Esto eliminaría costosas trabas burocráticas, reduciendo así la corrupción e incrementando la eficiencia y el progreso. Para mi sorpresa, amigos y colegas que saben de este asunto reaccionaron a esta propuesta no con agrado, sino con sospecha: ¿realmente podemos confiar en que el servidor público panameño tiene la capacidad para tomar las decisiones correctas sin ser tentado por el rebusque? Si el nuevo gobierno va a tomar en serio sus pretensiones aparentemente contradictorias de acabar con la corrupción y promover la modernización y la innovación gubernamental, es importante desenterrar lo que esta reacción esconde y buscar medidas para contrarrestar su impacto.
Y es que la reacción de mis amigos es solamente la punta del iceberg de un gran problema de fondo: como los panameños no confiamos en políticos ni en servidores públicos, nos obsesionamos en buscar medidas para eliminar cualquier poder que tenga el sector público para tomar decisiones y administrar sus departamentos. Esta actitud no solamente crea montañas de regulaciones innecesarias, sino que promueve la rutina y el temor a tomar riesgos, los enemigos principales de la innovación. Este problema es exacerbado por la naturaleza poco dinámica del gobierno que, sin tener la imperativa de lograr ganancias financieras, no tiene que responder directamente a las necesidades y deseos de las personas que sirven (el ciudadano) ni tiene los incentivos para cerrar programas que no funcionan. Todo esto crea aún más rutina y menos incentivos para tomar riesgos.
Muchos países, como Chile y el Reino Unido, han venido resolviendo exitosamente este aparente conflicto por más de 20 años. A pesar de que cada país ha implementado medidas diferentes, tres lecciones sobre este proceso han quedado claras. Una, la innovación gubernamental no viene de políticos ni de altos oficiales sino de los servidores públicos que lidian día a día con el área que les compete. Esto se hace claro al darnos cuenta de los riesgos inherentes de implementar ideas innovadoras. Por definición, nuevas ideas son riesgosas y la mayoría no funcionan. Esto significa que el costo de involucrarse de fondo en una iniciativa específica es mucho más alto para un alto oficial que para un servidor público. Pero para que estos servidores públicos tomen e implementen iniciativas, el gobierno debe crear estrategias que promuevan la autonomía y liderazgo de sus trabajadores, donde la capacitación y el desarrollo profesional estén en el centro de la administración de su personal.
La segunda lección es que el ciudadano debe ser tratado como consumidor de servicios públicos. Cabe aclarar que en realidad no somos consumidores de bienes públicos, pues no compramos estos servicios libremente. En realidad, el gobierno nos coerciona a aceptar y pagar por estos servicios. A lo que me refiero es que el gobierno debería concentrar su atención en las preferencias de los usuarios de sus servicios, y no en el afán del rebusque ni en leyes anacrónicas. Países como Chile y Francia han liderado el concepto de los cabildos para guiar sus nuevas políticas. Estos cabildos, que se repiten a diario con éxito en Inglaterra, invitan a los ciudadanos a que se reúnan con políticos, ministros, servidores públicos y otros ciudadanos a discutir la necesidad de la política en cuestión y a compartir sus opiniones y percepciones sobre ella. Este proceso aumenta la posibilidad de que la intervención gubernamental sea transparente, abierta y exitosa, al identificar las necesidades reales de los ciudadanos e incrementar la aceptación y respaldo del programa por parte de sus usuarios.
La tercera lección es que el monitoreo y la evaluación son piezas fundamentales de este rompecabezas. Programas gubernamentales alrededor del mundo son evaluados regularmente ya no solamente en términos de los insumos requeridos para su implementación (gasto público) sino también en términos de sus resultados e impacto. El monitoreo requerido para estas evaluaciones incrementa la apertura y transparencia gubernamental, crea objetivos claros para el servidor público y promueve un espacio en el que se celebran las iniciativas exitosas y los errores se convierten en una herramienta de aprendizaje.
Las aspiraciones de la Patria Nueva de un gobierno con menos corrupción y más innovación son compatibles si sus líderes se limitan a promover (con fuerza, aplomo y carisma) una visión clara de lo que esperan de sus servidores públicos, dejando (insistiendo) que estos sean autónomos, tomen iniciativas que responden a las necesidades del ciudadano y evalúen su labor periódicamente.
