El aumento de la tarifa de energía lleva en su seno la polémica de actualidad sobre si el interés nacional está por encima del interés privado. Aunque la Constitución nacional avala lo primero, las leyes de transparencia jurídicas, exigidas por las empresas transnacionales que invierten en el mundo, favorecen lo segundo, dejando en la esfera política, tomar las decisiones cuando se presentan contradicciones entre estos dos importantes principios. El primero es producto de una concepción política-ideológica que logró asentarse, por muchos años, con el socialismo democrático en Europa y con las políticas keynesianas del gran presidente Franklyn Roosevelt; el segundo, se abrió espacio, y se ha convertido en paradigma del fin de la historia, a partir de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, defensores de la primacía de la empresa privada sobre el Estado en el quehacer económico.
En la década pasada el debate en nuestro país sobre la privatización de las dos grandes empresas de servicio público, el INTEL y el IRHE, generó preocupación y expectativas. Esa preocupación era entendible, porque la experiencia con la antigua empresa norteamericana Fuerza y Luz, conocida popularmente como el pulpo exprimidor, que el general Torrijos nacionalizó y estatizó en los años setenta, cometía abusos por los altos precios que cobraba sin justificación alguna. Diversos fueron los pro y los contra sobre las privatizaciones y, al final, en el gobierno de Pérez Balladares, surgió la figura de asociación corporativa, en la que se crearon dos empresas mixtas, con participación accionaria igualitaria entre el Estado y las empresas privadas, como una salida intermedia que garantizaba las nuevas inversiones que requerían la telefonía nacional y la generación eléctrica en la modernización del país.
Pero consustancial al planteamiento de modernización, había una premisa fundamental en esa decisión que consistió en que esos servicios debían ser abundantes y más baratos. Para ello se creó el Ente Regulador, para que supervisara de cerca a esas empresas. El gobierno de la presidenta Moscoso no quiso entender el papel técnico de esa moderna institución en la nueva situación económica que comenzó a vivir el país, y la trató tradicionalmente, como un espacio político, cortándole las alas en sus funciones técnicas y de supervisión.
Los aumentos sucesivos realizados en la tarifa han sido un real mentís al espíritu que impulsó a la asociación con estas grandes empresas; y con el reciente incremento del 30%, como saludo al año nuevo que acaba de iniciarse, puede generar situaciones caóticas a la economía nacional. No sólo están cobrando más, sino que lo están haciendo sin explicación ni justificación ante la opinión pública. Y el Gobierno, socio a la par en el paquete accionario con estas empresas transnacionales, con su silencio se convierte en cómplice al no explicar el origen y las razones de esos altos e inusitados aumentos, ni al defender los intereses nacionales que están en juego.
Cuando decimos intereses nacionales, no sólo nos referimos a la afectación de los bolsillos de todos los consumidores, ciudadanos y empresas usuarias de esos servicios, sino también al nivel de competitividad del país con relación al resto de los demás países que compiten en la búsqueda de la inversión extranjera. Porque si los demás países ofrecen mejores costos de producción a esos inversionistas y, por lo tanto, mayor rentabilidad al capital que invierten, ello desalienta a que inviertan aquí, con lo que se niega el espíritu y la idea central de las políticas económicas aplicadas.
El Estado panameño, representado por el Gobierno nacional en la operación y administración de estas empresas de servicio público, debiera observar muy de cerca el comportamiento administrativo de sus socios, porque flaco favor hace al estar sólo de convidado de piedra en el daño profundo que éstas hacen al consumidor y al interés nacional. El silencio que guarda frente al aumento de las tarifas pareciera satisfacer a los gurús que manejan las finanzas del Gobierno, cuando aparecen extasiados de alegría en los medios por los ingresos que obtendrá el Tesoro nacional en concepto de más impuestos y más utilidades provenientes de esos incrementos tarifarios.
Pan para hoy y hambre para mañana. Debieran ser más consecuentes con el país y ponerse al lado de los grandes intereses nacionales, porque la falta de supervisión y regulación sobre esas empresas permite que actúen sin control y hasta, podría presumirse, deshonestamente, como cuando los pulpos del pasado esquilmaban a los panameños, para acrecentar sus ganancias. Por eso, es hora de revisar con mente crítica las leyes privatizadoras; es una decisión del ámbito político que podría ser parte de la agenda de Estado: una prioridad que demanda el interés nacional. Lo que no sirve a los panameños, ni a las empresas que generan riquezas en el territorio nacional, debe ser revisado desde su raíz, como lo hizo el general Torrijos en su hora crucial. La Patria está por encima de esos intereses.
El autor es miembro fundador del PRD
