FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA.

Ley e las armas Rubén Darío Paredes

No cabe duda. Sería preferible retornar a los tiempos en donde imperaba el equilibrio y respeto mutuo entre los hombres, que infundía la ley del derecho de portar un revólver –los tiempos de la conquista del oeste norteamericano– a que se perpetúen los extremos de inseguridad pública en los que ha caído Panamá; es decir, en el "imperio de las pandillas y sicarios", que genera balaceras, secuestros y asaltos similares a los tiempos de Chicago.

Los antisociales, a pesar de los evidentes esfuerzos del Gobierno nacional –aunque exhibiendo descoordinación e improvisación a caudales– disponen de vidas, honras, haciendas y comercios, violan los domicilios y las residencias y generan un ambiente de temor, impotencia y frustración entre la ciudadanía honorable, laboriosa y progresista.

Espero que no se interprete que estoy proponiendo que ahora todos llevemos un arma al cinto, ¡de eso no se trata! Lo que buscamos es equiparar la capacidad de respuesta ciudadana frente al hampa, que sí está armada, así crearíamos un efecto disuasivo y los delincuentes lo pensarían dos veces o desistirían de violar algún domicilio o de cometer un asalto.

En consecuencia, estamos totalmente seguros de que el Gobierno daría un paso importante en el fortalecimiento de la "seguridad ciudadana" y apoyaría a la Policía Nacional, si permitiese –mediante una ley moderna y visionaria– que los ciudadanos honorables, sanos y pacíficos obtengan un arma y su permiso de rigor, con miras a que puedan defender sus vidas y la de sus familiares en el perímetro de su propiedad, empresa o negocio.

Proponemos, también, que estos ciudadanos antes de recibir sus armas y permisos correspondientes pasen por un adiestramiento de seguridad, mantenimiento, cuidado, limpieza y por una práctica de tiro, sin costo extra.

Por otra parte, considero necesario restringir las licencias para portar "armas ocultas", como también aplicar una supervisión férrea con seguimiento al detalle de la comercialización de las municiones para evitar el trasiego en el mercado negro y la perpetuación del pandillerismo.

De insistir el Gobierno en copiar para Panamá el modelo de ley que restringe el uso de armas en Costa Rica o en Nicaragua (países vecinos de características muy diferentes al nuestro), en el mediano y largo plazo el Estado, por vía indirecta, miopía y terquedad, propiciaría que la ciudadanía se arme detodas maneras, con ley o sin ella; es decir, de manera clandestina, situación que no convendría a la seguridad nacional.


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