Aunque gran parte de los problemas para la gobernabilidad democrática, el desarrollo humano sostenible y la vigencia del estado de derecho, exigen como medida inmediata e inaplazable la convocatoria de un proceso constituyente, amplio y participativo que, entre otros resultados, empodere a la población respecto a sus derechos y que, además, origine una nueva carta magna, somos conscientes de que el actual mandatario le ha echado tierra al tema, por lo que en el corto plazo no hay visos de cambio.
Sin embargo, hay una necesidad que sí puede ser atendida en lo inmediato, y que podría significar un avance en la senda de mejorar la gestión pública. Hablo de actualizar, ampliar y profundizar la Ley de Transparencia, que data del año 2002, es decir, que tiene 14 años.
Esta ley, sin duda, fue un avance en su momento, pero ha quedado desfasada no solo por el transcurso del tiempo, sino por el grado de deterioro y desfachatez de los encargados de aplicarla y de garantizar su efectividad. En otras palabras, los políticos en el ejercicio de gobierno.
Podríamos enumerar toda una serie de nuevas disposiciones que se podrían incluir en la ley para profundizar su alcance (por ejemplo, extender su aplicación a los partidos políticos y otras organizaciones con proyección pública), pero es fundamental que contemple regulaciones para la rendición de cuentas por parte de las autoridades. Esta rendición de cuentas no solo debe abarcar los temas económicos, además debe establecer mecanismos de control ciudadano, incluyendo un régimen de sanciones por incumplimientos.
La transparencia es fundamental para poder exigir rendición de cuentas, pero sin rendición de cuentas la transparencia se queda en el hecho simple de publicar la planilla de los funcionarios en la página web de la institución o de que exista la posibilidad de presentar habeas data.
Aprendamos del desfalco multimillonario que sufrió nuestro país durante el gobierno anterior, a pesar de estar vigente en todo momento la Ley de Transparencia. Como primer elemento para incluir en la nueva ley, proponemos la obligación de rendir cuentas por parte del Presidente de la República y demás autoridades electas, respecto a sus promesas de campaña, para que así den el ejemplo al resto de los funcionarios, utilizando criterios objetivos para su evaluación.
Si se lograra aprobar un paquete legislativo, con una nueva Ley de Transparencia y rendición de cuentas por una parte, y desempolvando la Ley de participación ciudadana (engavetada desde 2009), por el otro, el pueblo tendría dos herramientas importantes para seguir construyendo un mejor futuro, mientras erigimos las condiciones para un proceso constituyente, realmente democrático y solidario, que nos prepare para los retos y oportunidades del siglo XXI.
