En un reciente foro político celebrado en la Ulacit, la conductora, Lucy Molinar, le dijo al imperturbable viceministro de Seguridad Pública, Rodrigo Cigarruista: “Sr. viceministro Cigarruista, ya varios de los candidatos a Presidente de la República han expresado su determinación, en caso de ganar las elecciones, de cancelar estas leyes sobre seguridad impuestas a tambor batiente por unos pocos funcionarios y sin la debida consulta ciudadana a través del Órgano Legislativo; ¿ha considerado el Gobierno que esto puede ocurrir, qué harían?”.
La respuesta del viceministro, ante los otros panelistas, profesores, estudiantes, invitados y el suscrito fue: “Precisamente, nosotros los del Gobierno decidimos apurar la aprobación de estas leyes, por el método de las facultades extraordinarias al Presidente, porque por la vía ordinaria de los tres debates en la Asamblea y consultas obligadas, nos quedaríamos sin tiempo para reglamentarlas y estructurarlas con sus respectivos presupuestos. Hemos decidido dejar todo listo y bien amarrado, para que le sea muy difícil al gobierno que surja eliminar estas leyes y, de atreverse, calculamos que el gobierno que fuere tendría serios problemas”…
Un rumor generalizado estupefacto e inconforme campeó en la sala, al finalizar la respuesta del vice Cigarruista, a quien por primera vez en dos encuentros de estos foros y el mismo tema, le observé legítimo, natural, sin freno ¡tal cual! Sí logré expresar ante la concurrencia que lo actuado por el Gobierno –tal como lo había expresado Cigarruista– resumía irresponsabilidad, desconsideración e irrespeto con el pueblo.
A Cigarruista le calculo entre 48 y 50 años, poco accesible, fino y de trato caballeroso, de actitud ensimismada. Se autodefine “genial” y ¡he allí el peligro! … genial digo, porque de él salió esa noche que es autor de 14 obras escritas sobre seguridad y hasta donó dos a la Ulacit. Catorce obras a los 50 años es solo para individuos con perfil o cachorro de genio. Cuando estos hombres se convierten en asesores de los mandatarios, en este caso el presidente Torrijos, tienden a contagiar a éstos y lo van aislando de su pueblo administrándose como superdotados de una inteligencia superior. Los demás somos incapaces de percibir sus propósitos en el fondo de sus acciones. Y en ese hacer con prepotencia cubierta con antifaz de seda, violan sin ningún rubor y rostro sereno nuestra Constitución, como acaba de ocurrir con los Artículos 300, 302, 305, 306 y 310. (Sobre el escalafón de los servidores públicos).
Por otro lado, un oficial correcto y con una hoja de servicios sobresaliente, cuando ejerció en la Guardia Nacional, hoy abogado y distinguido como ministro de Gobierno y Justicia, ha venido clamando reiteradamente que este paquete de leyes sobre seguridad aprobado el 20 de agosto representa: “El fortalecimiento institucional de la República”, pero como en realidad ha resultado totalmente lo contrario, no puedo dejar de pensar que los asesores del presidente Torrijos le han perdido el respeto al pueblo y a sus instituciones.
Observen, al modificar el Art. 41 de la Ley 18 del 3 de junio de 1997 (que crea la Policía Nacional), se autoriza en lo sucesivo un oficial de la carrera policial como director de la PN, cambio que comparto por ser necesario. El exabrupto o contradicción constitucional viene cuando se incluye que también podría ser el director –dependiendo del Presidente– un civil con título universitario. Esto de civil universitario deja abierto un portillo peligroso para que los presidentes con tendencia autoritaria y los funcionarios ambiciosos terminen designando en ese cargo tan sensitivo, a individuos no calificados. Por ejemplo a Manuel Antonio Noriega, que ha obtenido dos títulos universitarios estudiando durante su largo cautiverio en la cárcel de Miami, uno de licenciatura en derecho y el otro de alta gerencia de corporaciones policiales y de seguridad pública, a nivel universitario.
Para evitar este riesgo de nombramiento de advenedizos por influencias políticas y, a la vez no contaminar la carrera policial, así como no lastimar a todos aquellos ciudadanos humildes policías en la carrera y, por ende, en el escalafón, bastaría reforzar este Art. 41, con una cláusula que diga: Para ser director de cualquiera de las ramas de la Fuerza Pública, es obligante tener un número dentro del “escalafón institucional” respectivo y ¡punto!
La figura civil con título universitario es un ardid demagógico y un consuelo para los políticos tontos. Es imposible imaginar inocencia en un ministro autor de 14 obras sobre seguridad y destacado ex oficial de la Fuerza Pública. Es ilógico que los proponentes de estos decretos, no hayan pensado en lo que propongo, para garantizar el balance de fuerza y poder. Para que no retornen al escenario nacional las figuras de “Hombres fuertes y poderosos” tan nociva para la democracia, a ese mismo Art. 41 debe agregársele dos numerales: A. Que el director de la rama correspondiente de la FP, debería ser escogido por el Presidente electo entrante, entre los tres comisionados mejor ubicados en el escalafón, y B. Que los directores designados ¡Nunca podrán ejercer el cargo más allá de cinco años (por menor tiempo sí), a discreción del mandatario. Esto garantizaría la alternabilidad y sucesión saludable en la comandancia de las ramas de la FP y evitaría estancamientos y frustración de aspiraciones en la carrera policial.
En el caso excepcional de que a un director aun le quede tiempo por cumplir al final del periodo presidencial, pasaría a prestar servicio a otra dependencia del Estado hasta cumplir su tiempo. Igual ocurre si el Presidente selecciona de los tres comisionados mejor ubicados, al menos antiguo. Cuando le he sugerido este método tan conveniente y saludable al ministro y viceministro, Delgado y Cigarruista ¡divagan y tienden a cambiar rápidamente el tema!
Honorables magistrados y candidatos oficiales a la Presidencia: dejar estas leyes tal como se aprobaron el 20 de agosto, siembra semillas de inestabilidad y futuras crisis que, tarde o temprano, minarían nuestro sistema democrático. En consecuencia, Sr. Presidente, y por todo lo demostrado, es necesario que recupere usted el control pleno del manejo de la seguridad en la República.
