No cabe duda, el secretismo persiste en el Gobierno Nacional, conclusión a la que arribamos al escuchar a nuestro apreciado Presidente que habrá consulta ciudadana sobre el paquete de leyes de seguridad nacional con todos los grupos que hoy lo objetan; sin embargo, la pregunta que surge es ¿estará decidido nuestro mandatario, rectificar el rumbo autocrático y devolver al Órgano Legislativo los proyectos de leyes para someterlos al escrutinio público y depuración parlamentaria en tres debates? Al menos que considere el presidente Torrijos como plena consulta y suficiente una visita a monseñor Dimas Cedeño; o la consulta sería más de lo mismo que está de moda y se resume, ...“todo aquél que desee enterarse y sugerir cambios a la reingeniería de los organismos de seguridad, remítase al sitio web de Gobierno y Justicia, ¡cambio y fuera!” (3 de cada 100 panameños tienen internet).
Ya centrándonos en materia trascendental, nuestra historia nos demuestra que el centro de gravedad del sistema democrático y político del país lo ejerce la Fuerza Pública, en consecuencia, la intención de modificar la Ley 18 del 3 de junio de 1997, ley que reglamentará el modelo del director institucional en la Policía Nacional, la nueva legislación que desarrollará el “Servicio Aeronaval”, la “ley del Servicio de Guardafronteras”; la de “Inteligencia Policial”, al igual un nuevo “Viceministerio de Seguridad Pública”, a mi juicio son pasos necesarios para lograr la excelencia del servicio de seguridad nacional, a excepción y ¡espero se medite sobre ello! la fusión estéril e innecesaria del SAN y SMN, y la imprudencia con características de “bomba de tiempo” que consiste en la excesiva e inexplicable concentración de fuerza policial, militar, inteligencia y poder de fuego de las armas, bajo el control de funcionarios poderosos con investidura de ministros hacia el futuro, ¡con sus virtudes y debilidades humanas que tiende a fracturar el equilibrio constitucional y debilita nuestra coexistencia política armoniosa y pacífica.
A riesgo de ser mal interpretado, espero que no, la experiencia universal nos demuestra que los tres poderes clásicos de un Estado democrático no funcionan ni se sostienen sin el apoyo y soporte de la Fuerza Pública, o ejércitos en la mayoría de los otros países. Sin embargo, al mirar hacia la otra vertiente, se han dado en el mundo experiencias vastas donde los gobiernos autocráticos o regímenes militares, sí funcionan y se sostienen por largo tiempo, aun con la ausencia de los tres poderes clásicos el Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Si los amables lectores pensadores aceptan esta realidad, y sobre todo nuestros gobernantes, vale decir entonces que es más importante y trascendental para conservar robusta, sólida y longeva nuestra democracia, garantizar la separación y el contrapeso de los Componentes de la Fuerza Pública, con sus respectivos mandos y escalafones distantes como lo precisa el Art. 310 de la Constitución, ¡la misma separación de los tres poderes clásicos como debe ser!, por dos razones que no dejan espacio para las dudas, la primera, porque allí en la Fuerza Pública reposan el poder de fuego de las armas y organización policial y militar, ¡más la obediencia debida de facto! que representa una concentración excesiva de poder y fuerza en control de los uniformados. Y segundo, porque sobre estas columnas, vigas que constituye la estructura donde se ancla la Fuerza Pública, luego se asienta, reposa y funciona de manera segura nuestro sistema democrático con sus tres poderes, e institucionalidad del Estado.
En el segmento final de este panorama, y es donde necesitamos el aporte sereno y sensato de nuestros constitucionalistas, ya que por lo general nosotros los militares sobre todo aquéllos aún crudos y de escasa cultura democrática, tenemos la tendencia de acaparar y centralizar el poder, fuerza y armas del país con las excusas o fábulas del momento como el narcotráfico o el Plan Mérida, antes cuando mozo oficial era por el comunismo y el efecto Fidel.
Luego, ¿Por qué en vez de crear un nuevo Viceministerio de Seguridad, no se crea el “Ministerio de Seguridad Pública” con su respectivo ministro y administración propia, separado del Ministerio de Gobierno y Justicia? Ubicando bajo este ministerio de seguridad pública, precisamente a la Fuerza Pública, con sus respectivos componentes con mandos y escalafones separados como lo especifica sin dudas el Art. 310. ¿Por qué desatiende tanto nuestro Presidente semejante amenaza para la libertad del panameño, al estimular seguro de manera inconsciente el retorno de la figura de los “hombres fuertes”, los que terminan decapitando y desapareciendo a ciudadanos y mandan, deciden más que los presidentes.
Las democracias avanzadas se distinguen más bien por el alivio de poder y la descentralización del mismo, empero, ¡insistimos en lo contrario; ya olvidamos tan pronto lo que provocó la invasión, señor Presidente, hijo de Omar!
Finalmente debo sugerir tres “Reglas de Oro” para la modificación de la Ley de la Policía Nacional son: 1-Los directores deberían ser escogidos por el Presidente electo entre los tres oficiales de la Carrera Policial mejor ubicados por antigüedad, consagración y méritos en el escalafón institucional, 2-El director seleccionado se acoge a su retiro o jubilación inexorablemente y sin excepción al concluir el periodo presidencial que le seleccionó o antes a discreción del mandatario. 3- Nunca un director debe ejercer el cargo como tal y sin excepción más allá de un periodo presidencial.
Nota: “Ningún funcionario debe administrar la combinación de armas y fuerza por largo tiempo”, es un principio de seguridad universal. Nota: a) Por lo general, los tres oficiales mejor ubicados en el escalafón están muy próximos al retiro al mismo ritmo del periodo presidencial...
