La lectura de aquel titular de La Prensa, el 25 de diciembre, seguramente le habrá cambiado a usted, amable lector, la sonrisa navideña de completa alegría, profunda paz interior y plena armonía, por una mueca de intranquilidad, desasosiego y pesadumbre. “2016, año de importantes designaciones en el Estado”, nos advertía la nota del amigo Gustavo Aparicio.
El contenido que seguía era completamente ominoso: “En 2016, los órganos Ejecutivo y Legislativo deben cumplir con nombramientos en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), el Tribunal Electoral (TE), la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Administrativo Tributario”.
En resumidas cuentas, corresponde al gobierno nombrar a un magistrado principal en la Corte Suprema de Justicia, a tres directores de la Autoridad del Canal de Panamá y a dos magistrados del Tribunal Administrativo Tributario. Dichos nombramientos deberán ser aprobados por la Asamblea Nacional.
Compete al Ejecutivo, además, nombrar a dos magistrados en el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, sin que estos nombramientos requieran la intervención de la Asamblea Nacional. A la nada augusta cámara, a su vez, le corresponde nombrar a un magistrado del Tribunal Electoral y al Defensor del Pueblo.
Cuando la idoneidad, la valentía, la integridad y la vocación de servicio son los criterios de selección, la renovación de cargos públicos produce expectativa optimista en la ciudadanía. Da oportunidad para identificar y elegir a los individuos más talentosos y competentes para el ejercicio de funciones estatales.
Pero en una sociedad como la nuestra, en la que los parámetros de elección son distintos, la inminencia de nombramientos a dichos cargos genera recelo y pesimismo. Son demasiadas las ocasiones en que han prevalecido el nepotismo, la afiliación partidaria, el “compinchismo” y el afán de lucro a la hora de llenar vacantes en la estructura del Estado.
A estos vicios hay que agregar la pusilanimidad, como bien lo anota Ítalo Antinori Bolaños en una reciente columna (En Mayúscula, 19 de diciembre). Según el Dr. Antinori, la valentía “se convierte en una mácula cuya sombra estropea, oprime y aísla al ciudadano valeroso”.
De tal suerte, una de las cuatro virtudes clásicas constituye, en nuestro desarreglado medio, una cualidad que debe evitarse a toda costa. Para el ejercicio de un puesto público se prefiere al que permanentemente adule, halague y lisonjee; al que jamás cuestione; al que se allane a lo que disponga el jefe, sin importar si es legal o moral; al que exhiba una lealtad sin fracturas, pero no a los principios republicanos, sino a los caprichos de quien lo nombró.
Vale la pena explorar las causas de semejante inversión de valores, cuyo efecto sobre la administración pública es desastroso. El finado Humberto Ricord, jurista muy competente, escribió alguna vez sobre la “lumpenización” de la burocracia panameña, un rasgo que asoció a la entronización de los militares en el poder.
Para explicar la degradación del servicio público en Panamá, el Dr. Ricord, de tendencia marxista, recurrió a una de las categorías sociales identificadas por Karl Marx, el lumpemproletariado, el “sector social más bajo del proletariado desprovisto de conciencia de clase”. El elemento clave en el análisis marxista no es tanto la condición socioeconómica como la falta de conciencia de clase.
A partir de su esbozo inicial, el concepto de “lumpen” se ha desarrollado para abarcar conductas y actitudes, como el oportunismo, la chabacanería, el servilismo, la amoralidad y una rudimentaria formación. Constituye, entonces, una categoría sociocultural más que socioeconómica. De tal suerte, un individuo puede mejorar su condición económica sin que deje de formar parte del lumpen.
Para el Dr. Ricord, en nuestro sector público predomina el lumpen porque fue de esa capa sociocultural que se surtió el régimen militar. Para mantenerse en el poder, la autocracia requiere de un funcionariado oportunista, chabacano, servil, amoral y crudo, un conglomerado de analfabetas intelectuales adictos al jefe.
Como la restauración democrática de 1989 no significó una ruptura con el sistema de valores de la dictadura, ese sistema se ha mantenido incólume en lo que se refiere a la designación de funcionarios. Por eso es que usted, cada vez que nos anuncian uno o más nombramientos, se aterra pensando de qué cloaca provendrán quienes sean designados en las posiciones vacantes.
