WASHINGTON, D.C. –Muy deplorable fue la reacción del gobierno de Ricardo Martinelli a la audiencia que se celebró en Washington el martes sobre la vergonzosa situación de la justicia en Panamá. No hace ni un mes que escribí que ojalá tuviéramos un gobierno que se preocupara más por la justicia y hoy me duele hondamente constatar que su desprecio por la justicia es aún mayor de lo que yo pensaba.
Los hechos son así: El martes pasado, Magaly Castillo (Alianza Ciudadana pro Justicia) y Miguel Antonio Bernal (catedrático de derecho) se unieron a la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF, por sus siglas en inglés) para comparecer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), que había programado una audiencia sobre la justicia en Panamá.
Esa audiencia fue solicitada en enero.
En la audiencia, Castillo y Bernal expusieron lo que todos sabemos es la pura verdad. Que la justicia panameña “padece de ineficiencia, lentitud y burocratización excesiva”, junto a interferencia del Ejecutivo en asuntos que competen solo al Órgano Judicial. Que lo que pasa por justicia en Panamá es un cuento triste de corrupción no investigada, reformas no implementadas, pactos no cumplidos y magistrados nombrados con criterios dudosos. Además, Bernal proféticamente denunció que bajo el gobierno actual hay intimidación y ataques personalizados frente a las críticas ciudadanas. Y el día siguiente, en un foro organizado por la DPLF, Bernal afirmó tajantemente que en Panamá no hay un estado de derecho.
Aunque todo Panamá sabe que todo esto es cierto –no fue por accidente que este diario por meses llevó un cintillo de “luto por justicia” en su portada– el Gobierno prefiere atacar a los mensajeros que atender el mensaje. El propio Martinelli, vergonzosamente, tildó a la audiencia como “tres personas armando un zaperoco... para buscar atención”. Y Papadimitriu osó afirmar que la audiencia fue un show que afecta “la imagen” del país, y que “los trapos sucios se lavan en casa”.
¡Alto allí!, señor Presidente y señor ministro. En primer lugar, como ustedes debieran saber, la CIDH es el órgano hemisférico encargado de velar por los derechos humanos en todos los países americanos, precisamente porque la historia ha comprobado, tristemente, que es “en casa” donde estos derechos se atropellan impunemente. El mandato de la CIDH surge de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que Panamá es signataria.
Segundo, quienes se toman la molestia de acudir a la CIDH en defensa de los derechos humanos de sus compatriotas panameños lo hacen por amor a Panamá. Generalmente son personas que han laborado silenciosamente por años en defensa de principios valiosos al país. Lejos de merecer su desprecio, lo que merecen es su agradecimiento por el servicio que le rinden a la Nación. Por ejemplo, la última audiencia de la CIDH sobre justicia en Panamá fue en 2008, cuando una admirable jovencita panameña que estudiaba derecho en Harvard –María Luisa Romero– presentó un informe absolutamente devastador sobre las cárceles panameñas. Recomiendo que ustedes lo lean, junto a los informes de la Alianza y de la DPLF, y tomen acciones concretas al respecto en vez de burlarse de quienes hacen esta labor.
Tercero, es intolerable que ustedes en el gobierno de Martinelli se preocupen más de la imagen que de las realidades del país. La ausencia total de justicia en Panamá es un atropello diario a cada uno de sus ciudadanos y no podemos seguir sometiéndonos a ese atropello solo por razones de “imagen”. Hasta la madrastra malvada de Blanca Nieves aprendió a las duras que el espejo no miente; la agenda ricardista para el país debiera centrarse en mejorar las realidades, no en manipular espejismos.
Tras la caída de la dictadura, el pueblo panameño tiene 20 años de estar pidiendo justicia. Ahora nos toca exigirla, utilizando todos los recursos a nuestro alcance, dentro y fuera del país.
