Si la educación es la ruta más efectiva para aliviar la pobreza que afecta a una gran proporción de nuestro país, ¿qué papel debería jugar el Gobierno en el mercado educativo? Los panameños sabemos instintivamente la respuesta a esta pregunta: el centenar de escuelas privadas que abren sus puertas cada año y los miles de padres que invierten en la educación privada primaria y secundaria de sus hijos, indican el limitado poder del Gobierno en este mercado. El mercado de educación terciaria finalmente abrió sus puertas a universidades privadas e internacionales, incrementando su calidad y colocando a Panamá entre los cinco países latinoamericanos con mejores ofertas universitarias. Pero a pesar de reconocer las limitaciones del Gobierno en este mercado, en Panamá aún existe el costoso mito de que la ayuda educativa (en forma de becas y préstamos) debe ser financiada, distribuida y administrada por el Gobierno, en específico, por el Ifarhu. Formado en 1965, el Ifarhu es producto de las equivocadas políticas y absurdos planteamientos económicos que circulaban por todo el mundo en ese entonces. Inspirados por las políticas de abaratamiento de préstamos educativos del presidente Kennedy y la convicción de que el populismo nos liberaría de la pobreza, el Gobierno decide crear un nuevo impuesto (el erróneamente etiquetado "seguro" educativo) y un ente público para financiar y distribuir becas. Muy pronto, bajo la suposición de que los bancos no estaban interesados en este mercado, el Ifarhu empieza a distribuir préstamos educativos.
Cuarenta años más tarde, el Ifarhu enfrenta la implementación de un programa de reformas sancionado por la Asamblea Nacional. Estas medidas no son más que maquillaje y se orientan a darle más poder al Ifarhu, incrementando la ya enredada telaraña burocrática que la hunde en retraso e ineficiencia. Y yo sé de lo que hablo. Por una parte, gracias a un préstamo del Ifarhu terminé mi licenciatura en economía en EU, para luego conseguir una beca en ese país y culminar mi doctorado. Pero gracias al contacto mensual que tengo con ellos cuando realizo mis pagos he conocido a cientos de panameños que han sido víctimas de la ineficiencia administrativa y apatía que caracteriza al Ifarhu: cálculos mágicos de intereses y saldos, deplorable servicio al ciudadano, recargos inventados, falta de comunicación entre departamentos, y ciudadanos honestos que son amenazados a diario con perder sus casas por no haber pagado.
Es hora de una reforma radical: así como el resto del sector educativo está mejor administrado por el sector privado, la distribución de ayuda educativa requeriría unirnos a gobiernos que han tenido el coraje de eliminar su monopolio en ese mercado. El Gobierno debe vender su cartera de préstamos educativos a fundaciones sin fines de lucro para que estas manejen y re-inviertan eficientemente en este mercado. La inversión en el capital humano requiere de líderes con claras y ambiciosas visiones de un Panamá que invierte en serio en su propio desarrollo.
