Lo frustrante de la situación actual radica en que esta vez los expulsores de los campesinos son los intereses creados de paisanos panameños, o nueva edición del Gold Roll, asociados con políticos, empresarios y familiares decididos a llevarse la "cabeza del león" del gran negocio por el ensanche del Canal, que se estima en unos 10 billones de dólares.
No puedo dejar de sugerirle a la Fiscalía Anticorrupción y a la Defensoría del Pueblo que revisen con la pulcritud debida, quiénes son los accionistas de la Constructora Urbana (CUSA). Se sospecha que hay conflicto de intereses, ventaja y corrupción.
Vale decir entonces, y ciñéndome a hechos históricos muy recientes, que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) incurrió en un abuso contra el derecho a la vida de miles de panameños, al imponer y acaparar -valiéndose del excesivo mimo y el respaldo incondicional e irresponsable del gobernante que ya limpiaba su escritorio- la controversial Ley 44 que creó la nueva cuenca occidental, la que el transcurrir del tiempo y diversos estudios costosos hoy se ha demostrado -y reconocen los de la ACP- que no era necesaria. Aquél madrugonazo ejecutado a hurtadillas que sorprendió al país, precisamente 24 horas antes del cambio de gobierno, confinó dentro de estas 212 mil hectáreas, 140 comunidades, escuelas, iglesias, los bosques, ríos, vida silvestre, 40 mil campesinos y costeños con sus costumbres rudimentarias, pero autosuficientes, expectativa de vida también de 74 años, tradiciones culturales, valores y recuerdos sentimentales, sus amoríos, hasta tumbas y cementerios. A partir de ese momento los rectores del Canal, en sus afanes y propósitos por ensanchar y modernizar la vía interoceánica, se han venido manejado de manera precipitada y prepotente, con actitudes de otro Estado independiente, dispuestos a hipotecar la República por los próximos 40 años.
Pese a lo anterior, estos funcionarios y miembros de la junta directiva de la ACP, ensimismados hasta creerse dueños únicos del talento y razonamiento nacional, colmados de privilegios y salarios del primer mundo -empero cotizan a la CSS con escala salarial de oficinistas- lograron vender al gobierno de Balladares, apenas un concepto o sueño sobre la ampliación de la vía, como "una realidad genial". Sin embargo, esta realidad muy pronto se desvaneció, toda vez que no se realizaron previamente los estudios de pre-factibilidad como era de rigor. Es decir, pusieron la carreta delante de los bueyes. Así nace y se aprueba a paso redoblado la controversial Ley 44, que incluía además los planes de tres embalses para acumular nuevas aguas, dizque para el Canal, ocultando el propósito verdadero que consiste en establecer un complejo hidroeléctrico y acueducto como negocio paralelo de la ACP.
Finalmente hoy, cinco años después de aprobada esta Ley 44, más una inversión de alrededor de 70 millones de dólares en estudios, queda en evidencia que dicha ley no es necesaria como lo confirmó el ministro del Canal, Jerry Salazar, al declarar que ya los embalses no se construirían debido a que las nuevas esclusas tendrían unas gigantescas tinas para reciclar el agua que se usaría en varios esclusajes. En consecuencia, señor Presidente, es necesario abolir la Ley 44, generadora de divisionismo e ingobernabilidad, lo que podría llevarnos a peligrosos conflictos sociales.
