La nueva es que los honorables diputados se aprestan a analizar la concesión del voto a los empadronados residentes en el extranjero. ¿No se han dado cuenta de que en Panamá este tema ha sido descartado antes con juiciosos argumentos?
El sufragio es un derecho determinante que no puede manejarse ni con criterios simplistas ni con motivaciones electoreras. Por eso sería un grave error concederlo a personas (1) que por haber abandonado su país no viven ya con las consecuencias directas de su voto; (2) que no tienen manera de informarse adecuadamente de las ofertas electorales que es imperativo conocer para ejercer un sufragio responsable; (3) que no participan de los costos que conlleva hacerles accesible el voto, porque pagan impuestos donde residen y no en Panamá; y (4) que han jurado lealtad a otro país, lo cual mediatiza de manera importante su actuación en certámenes políticos de ésta, su nación de origen.
La nacionalidad panameña de origen o adquirida por el nacimiento no se pierde; pero de acuerdo con la Constitución Nacional (Artículo 13), la renuncia a ella es tácita cuando se adquiere otra nacionalidad. Esto probablemente invalidaría la inscripción de decenas de miles de personas que aparecen todavía en el padrón electoral. En adición, nuestra Constitución es clara en advertir que solo los nacionales y los extranjeros que se encuentren en el territorio de la República estarán sometidos a la Constitución y a las leyes. Entonces, como la jurisdicción extraterritorial no existe, la votación en territorio extranjero estaría fuera de los límites legales del Tribunal Electoral a menos que se logre la inconcebible hazaña de que los empadronados se trasladen a votar en una embajada. Así las cosas, pareciera claro el peligro en que se pondrían tanto la legalidad como la transparencia del proceso entero de votación, cualquiera sea la forma alterna que se invente.
Pienso que en Estados Unidos, donde no le es fácil trabajar a un extranjero, probablemente existe la mayor concentración de "panameños de origen o de nacionalidad adquirida por nacimiento" con residencia permanente fuera de Panamá; y por ello, seguramente están allí las mayores cantidades de renuncias "tácitas". Según el Tribunal Electoral, hay 126 mil empadronados que residen en el extranjero que no han "comparecido a votar en las últimas elecciones" (6% del padrón total). La información, que debe ser correcta, puede ser evidencia de estas renuncias tácitas a que aludimos anteriormente; y también denota la incidencia potencial de los números de votantes ausentes en el resultado de una elección en Panamá.
Coacción, manipulación y fraude a distancia serían situaciones a temer.
Finalmente, vale recordarle a los diputados que en Estados Unidos -supuesto baluarte de la transparencia electoral- la manipulación del voto de ciudadanos ausentes, en una dura lucha por la representación de Florida en el Colegio Electoral, decidió en el año 2000 la elección presidencial; y que cosa semejante más o menos se denunció, en 2004, en el estado de Ohio. Entonces, no es difícil concluir que semejante oportunidad, en nuestro caso, solo serviría para desnaturalizar aún más nuestra frágil institucionalidad.
