El desgaste en la credibilidad de los dirigentes de los partidos políticos que han gobernado nuestra nación, desde el retorno de la democracia en 1990 y sus acciones deficientes, con un saldo negativo y pernicioso para nuestro futuro tanto en materia de educación como en salud, seguridad, tránsito y capacidad de la justicia, solo es reversible con la participación activa y decidida de la mayoría de los ciudadanos.
Al no estar inscritos en ninguna de las agrupaciones políticas vigentes, por eso llamados independientes, es obligante la participación de los clubes cívicos para lograr, tal cual lo hizo la Cruzada Civilista, aglutinar en una unidad monolítica que alcance los siguientes logros:
Un presidente que gobierne para todos los ciudadanos, no inclinado a favor del grupo de sus partidarios. Por lo tanto, deberá renunciar a la dirección (Presidencia o Secretaría) del partido que lo llevó al poder. Con eso se eliminará la conducta penosa –que es costumbre en nuestros mandatarios– de dedicar el último año de su administración a arengar a favor de unos cuantos y destinar recursos del Estado (millones) para proselitismo político de su partido.
Un alcalde independiente, que garantice la elección de colaboradores que no respondan a los intereses de un partido, sino de la comuna de cada distrito.
Una Corte Suprema de Justicia, cuyos miembros sean escogidos por el Colegio de Abogados dentro de su más experimentada e intachable membresía.
Una Asamblea con diputados electos para legislar, no para desarrollar actividades de representantes de corregimiento. Con suplentes que durante sus ausencias se encarguen del puesto y del emolumento respectivo. Que, para sanear la administración y reducir la corrupción, legislen para impedir la reelección a un cargo público de todo aquel funcionario separado por incapaz o por dolo. Que legislen para que así como un abogado tiene el derecho de defensa de un acusado, comparta responsabilidad en la pena si el sujeto, ante evidencias muy claras y contundentes, no puede ampararse bajo inocencia hasta que se demuestre lo contrario. No sufriríamos así la vergüenza nacional de criminales que son defendidos durante largo tiempo en nuestro medio y luego capturados, trasladados y convictos con rapidez en países hermanos. Que sepan que inmunidad no significa impunidad. Todo funcionario será separado de su cargo, mientras se define su inocencia o su culpabilidad. El Parlacen dejaría de ser un refugio, desde nuestros presidentes para abajo.
Un Tribunal Electoral escogido dentro de la mayoría de los ciudadanos que son independientes. Se brinda así mayor garantía de un torneo electoral libre de la influencia e intervención presidencial o partidaria. Ellos, a su vez, deben exigir la aprobación e implementación de leyes tales como: el aporte económico a los partidos políticos solo regirá si existe la documentación que certifique que son utilizados en apropiada docencia, en materia política nacional e internacional y en defensa de los principios democráticos. Esto reduciría el despilfarro por malos manejos de esos fondos, señalado en casi todos ellos.
Ningún funcionario separado de su cargo por incapacidad evidente o por dolo tendrá derecho a ser candidato para un cargo público.
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