Panamá, ¿un país con un porvenir brillante?

Cuando se analizan los excelentes resultados de la acción económica de la actual administración, aún cuestionables en algunos rubros, nadie puede negar que proyectan un porvenir brillante a nuestro país.

Las nuevas normas en el sistema impositivo; las correcciones al sistema financiero de la Caja de Seguro Social; los mayores aportes del sector naviero y de la vía marítima que divide nuestro istmo; el auge en la construcción, tanto en el sector inmobiliario como en las mejoras y el desarrollo de la red vial; el incremento del turismo; la ejecución de la cinta costera y el ensanche del Canal, etc., son elementos que así, sin duda, lo enfatizan.

Desafortunadamente, no hay uno sino muchos pero. Esos logros indiscutibles palidecen ante la persistente comisión de errores que, por el celo partidista, el egoísmo, la ambición desmedida y el afán de lucro personal, actuando sobre los intereses de la nación, desdibujan tanto la acción del actual gobierno como el de toda la clase política nacional. Como consecuencia, disminuyen la calidad de vida de los panameños.

¿Argumentos? Son elocuentes. Veamos. El análisis reciente del problema educativo, elaborado por el Dr. Pablo Antonio Thalassinos, ministro de Educación durante la administración del Dr. Ernesto Pérez Balladares, esclarece con dolorosa contundencia: La Ley 34 de julio de 1995 reformó la Ley Orgánica de Educación. El problema es que no ha existido continuidad. Cada ministro que llega quiere hacer algo nuevo, a su medida. Y actúan por temor a las huelgas. He ahí reflejado el pecado capital de nuestros gobernantes. Y, éstas son afirmaciones de un ex ministro de la misma bancada partidista. ¿Qué podemos esperar cuando se trata de otra diferente?

En el aspecto jurídico, la Corte nos sacude con la inconstitucionalidad de los indultos. Su actual presidente, Harley Mitchell, reconoce que desde 1930 el Ejecutivo invadió áreas que corresponden a la amnistía, que es un beneficio que otorga el Órgano Legislativo. Alegó que el indulto tiene que ser otorgado tras la existencia de una condena por delito político. A confesión de parte, relevo de pruebas. Para colmos, el Ejecutivo, carente de asesoría competente –¿o prepotencia gubernamental?– de igual manera pasó por encima de la Constitución al nombrar a un militar –¿sin cuestionar su capacidad profesional y calidad humana?– en un cargo que la ley vigente lo prohíbe, de forma categórica.

El legislativo es una olla de muchas... ¿sorpresas? ¿Quién no reconoce que 72 diputados son una cifra exagerada para representar a un país tan pequeño como el nuestro? Para agravar la herida, cada curul cuesta a las arcas nacionales más de 12 mil dólares mensuales, sin contabilizar prebendas como los derechos de importar un vehículo cada dos años, pasaporte diplomático y las franquicias telefónicas y postales. Ni las botellas o garrafones asignados a familiares o a muy fieles copartidarios. Grave contraste con el panameño de a pie que, en promedio, no recibe honorarios superiores a 600 dólares mensuales y... si no cumple con su horario de trabajo, exceptuando enfermedad que lo justifique, lo expulsan de inmediato. ¿Cómo no ansiar así, con desespero, una reelección? Ante los exabruptos mencionados ¿No es que sufrimos una revolución octubrina, de 20 años, para deshacernos de la politiquería y del desgreño administrativo de la era republicana? ¿Sin aprender nada?

El Tribunal Electoral no es una institución diseñada exclusivamente para contar, con toda transparencia, los votos emitidos en un proceso electoral, sino para regularlo. ¿Por qué la defensa a ultranza del partidismo y se le niega al ciudadano independiente la potestad de una candidatura sin que tenga que atarse a un determinado partido, que en nuestro caso particular se muestran desgastados por el clientelismo, el amiguismo y la corrupción? ¿Por qué la figura del residuo para que el partido mayoritario, no el pueblo, elija otro diputado? ¿Por qué no actualizamos el proceso electoral presidencial con la segunda vuelta, en caso de un triunfo inferior al 50% de los votantes? ¿Por qué mantener la figura de un presidente que puede continuar siendo secretario o presidente del partido que lo llevó al poder? Por esa vía se pierde la independencia de los poderes del Estado. Y, el presidencialismo hace fiesta.

Que los perredés despotriquen contra los arnulfistas o que éstos lo hagan contra los PRD no resuelve nada, porque en el fondo, en los resultados, ambos han demostrado ser iguales. ¿Nacionalistas? Después de 18 años de reinstaurada la democracia, nos están entregando un país con un déficit educacional imperdonable, un sistema de salud en crisis, un transporte colectivo ineficiente y humillante, un sistema judicial cuestionado y que, peligrosamente, pierde confiabilidad.

De nada valdrá el nuevo ejercicio electoral que debemos afrontar el próximo año, si las correcciones tan necesarias a este trastabillante sistema que nos desgobierna, no se materializan. Llegó el momento, antes de que un terremoto político nos sacuda, para que los millones gastados en propaganda reflejen el ineludible compromiso público de reformas que la sociedad anhela y exige, por parte de los candidatos a la Presidencia y al Órgano Legislativo. Para que los miembros del Tribunal Electoral asuman tanto su responsabilidad como la oportuna acción que fortalezca nuestra enfermiza y endeble democracia. ¿O es que se busca llegar al caos y justificar una nueva dictadura?