RAFAEL PEREZ G. rperez@prensa.com
Los periodistas celebran hoy su día con un incremento en los procesos judiciales en su contra. Para Octavio Amat, quien dirige el diario El Panamá América, el panorama para los periodistas está sombrío.
Sus palabras las respalda con hechos: más de 70 expedientes judiciales en contra de periodistas y la vigencia de las denominadas leyes mordaza que, a su juicio, amenaza el libre ejercicio de la profesión en este país.
La maraña que impide o dificulta el acceso a la información oficial y el abuso de la asignación de propaganda oficial a los medios masivos de información, como premio o castigo, figura entre los elementos de este panorama.
Un ejemplo del aumento de los procesos judiciales contra periodistas fue la querella interpuesta por Winston Spadafora, quien a la fecha ejercía de ministro de Gobierno y Justicia, contra los periodistas de El Panamá América, Jean Marcel Chery, Gustavo Aparicio, el fotógrafo John Riley Watson y el propio Amat. El diario reportó la reparación de una carretera con fondos públicos que presuntamente beneficiaría a Spadafora.
También un grupo de abogados de la Caja de Seguro Social (CSS) interpuso una querella criminal contra la periodista del diario La Prensa, Ana Teresa Benjamín, luego de que publicara posibles conflictos de interés de esos abogados. Aquí también querellaron al director del diario Gilberto Sucre.
Otra querella que se incorpora a la estadística fue la interpuesta por Gilberto Salazar, director de Política Comercial del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), contra los periodistas del diario La Prensa, Julio César Aizprúa y Rafael Pérez G. Igualmente querellaron a las productoras agrícolas Edith de Sierra e Isidra Barrantes.
Ellas habían denunciado presuntas irregularidades en la aplicación de un programa de apoyo y préstamos otorgados a productores que resultaron afectados por las situaciones climáticas. Los periodistas investigaron el caso.
Y la preocupación de Amat sobre el panorama sombrío es compartida por organismos internacionales dedicados a la defensa y protección de los periodistas. En su informe de este año sobre la libertad de prensa en la comunidad iberoamericana y en el resto del mundo, Reporteros Sin Fronteras retrata la situación panameña.
A su juicio, la elección de Mireya Moscoso como presidenta de Panamá y la derogación, poco tiempo después, de varias leyes mordaza heredadas de la dictadura, despertaron esperanzas. Desgraciadamente, anotan, el proceso de supresión de las leyes restrictivas no siguió adelante en el 2000.
Entre las disposiciones impugnadas, Reporteros Sin Fronteras se refiere a aquella que brinda a ciertos funcionarios la facultad, sin proceso alguno, de encarcelar a un periodista u otro ciudadano por haber faltado, a su modo particular de ver, el respeto a su función.
Sobre la libertad de expresión en Panamá, una delegación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos en su visita a este país, en junio pasado, expresó su preocupación porque desde la visita del relator especial para la libertad de expresión, Santiago Canton, en julio del año pasado, hasta la fecha no ha habido ningún avance que garantice en forma más amplia el libre ejercicio de ese derecho.
Durante su estadía en Panamá, dijeron, la comisión recibió numerosas denuncias, en el sentido de que el procurador general de la Nación, José Antonio Sossa, había desatado una campaña sistemática dirigida contra los periodistas.
Sossa ha abandonado la neutralidad e imparcialidad que suponen sus altas funciones, dijo Claudio Grossman, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien advirtió que la comisión que preside investigará esas denuncias.
Precisamente la comisión ha expresado que la penalización de las expresiones dirigidas a los funcionarios o a particulares involucrados voluntariamente en cuestiones relevantes al interés público, es una sanción desproporcionada con relación a la importancia que tiene la libertad de expresión e información dentro de una democracia.
De acuerdo con la comisión, la necesidad de un control completo y eficaz sobre el manejo de los asuntos públicos, como garantía para la existencia de una sociedad democrática, requiere que las personas encargadas cuenten con una protección diferente frente a las críticas que tendría cualquier particular que no esté involucrado en asuntos de interés público. Por ello, dijeron, la comisión ha dicho que la aplicación de leyes para proteger el honor de los funcionarios les otorga injustificadamente un derecho que no tiene el resto de la población.
