En una reunión-taller sobre la integración y seguridad centroamericana, auspiciada por la Embajada de España, el círculo del Copan y la Fundación Konrad Adenauer, expresé el concepto genérico de la estrategia para el desarrollo nacional de un país democrático, con énfasis en una distribución justa de la riqueza nacional; donde alcance para todos la educación, la salud, el pan, el trabajo y el respeto a los derechos humanos.
Era el marco ideal para diseñar una efectiva seguridad nacional. Agregué que en aquellos países donde esta distribución no se concilia con la creciente revolución de necesidades y aspiraciones de sus pueblos por un reparto justo, son los que tienen las cifras más altas de población hacinada en las cárceles, promiscuas y paupérrimas; elevados índices del crimen, y la proliferación de pandillas. Como también ocurre en Panamá. En consecuencia, vale decir que ningún plan de seguridad tendrá éxito o devolverá los resultados esperados, mientras haya hambre, marginación y clases privilegiadas con abundancia, sobre todo, en la comunidad política.
Si el distinguido ministro designado de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino, en vez de escuchar por un solo oído –como suele suceder a algunos al llegar a esas alturas– lo hace con ambos y se abre franco, en frecuencia con la ciudadanía, si aceptase la sugerencia de convocar una mesa de trabajo integrada por representantes del Mides, Ministerio Público, Consejo Ecuménico, el director de la Policía Nacional designado, Fudespa, Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá, Alianza Ciudadana Pro Justicia, el último director actual de la Policía Nacional y la invitación especial de la directora de Estudios sobre Seguridad Ciudadana de la Facultad de Ciencias Sociales, con sede en Chile, y si este laboratorio de cerebros lograra estructurar en no más de 45 días la estrategia de Seguridad Nacional para los próximos 15 años, sin duda el Sr. ministro daría un paso importante y firme en la dirección conveniente para la Nación.
Como se observa, sugiero convocar a instituciones existentes, prestigiosas y sólidas, ONG, fundaciones y a un organismo internacional de renombre –no a personas–, porque cuentan con activos valiosos o caudales de información, de resultados, de esfuerzos, estudios, investigaciones, foros y talleres de análisis y reflexión hasta alcanzar consensos plasmados en documentos de referencia, interesantes y suficientes para armar una estrategia de seguridad ciudadana, funcional y eficiente.
Insistir en resolver este problema social tan vasto y complejo, que incide en la vida de todos los panameños –de donde deriva la custodia del desarrollo social y económico de la República incluido el Canal de Panamá– entre cinco funcionarios subalternos (los sabihondos de siempre que nunca faltan), sería catastrófico y una expresión de miopía y mediocridad en la gestión. Más de lo mismo:fracasos, frustración y desilusión ciudadana, relevos o desfile de ministros y directores de la Policía Nacional.
El banco de cerebros debería alumbrar con proyecciones que rompan con los esquemas obsoletos e introducir cambios como la descentralización del cuartel central de la Policía Nacional para estructurar el nuevo modelo de custodia y protección de la ciudad capital en distritos policiales. Estos, a su vez, integrados por las subestaciones de Policía en los 22 corregimientos.
Es absurdo pretender custodiar la ciudad de Panamá, desde las faldas del Cerro Ancón como hace 60 años, cuando la ciudad tenía 350 mil habitantes y 120 mil viviendas. Hoy la situación ha cambiado, en la capital vive 1.3 millón de ciudadanos en 450 mil viviendas.
Aunque el actual gobierno ha hecho esfuerzos e inversiones por mejorar la seguridad ciudadana, se han efectuado improvisadamente, propio de la administración de crisis, no en base a una estrategia con metas a mediano y largo plazo.
Si aceptan que el problema de la inseguridad no depende solo de la renovación de los funcionarios a la cabeza, el nuevo ministro y director de la Policía Nacional tendrán buenos resultados.
Debo agregar, para finalizar, que hubiese sido más conveniente haber designado a un director de la carrera policial, escogido del escalafón institucional, formado en el ejercicio cotidiano de los procedimientos policivos, en la conducción de policías y en la protección de los derechos humanos.
Vivimos en un Estado de derecho, aunque la Ley 18 de la Policía Nacional en su Art. 41 choca con el Art. 305 de la Constitución, que cobija y honra la carrera policial. Pero, la ley es la ley, y aunque imperfecta debemos honrarla.
Espero no incurrir en imprudencia, al sugerir que se mantenga al magíster Francisco Troya muy cerca del ministro. Le deseo al apreciado amigo y ministro Mulino muchos éxitos en el compromiso de salvaguardar la seguridad nacional; y al designado director de la Policía Nacional Gustavo Pérez, éxitos en su delicada misión, a la vez que le recomiendo prudencia, humildad, caballerosidad, sensatez y equilibrio en su manejo personal y el de sus subalternos en la aplicación de la fuerza y armas de fuego, para que no se repitan incidentes dolorosos como el que acabó con la vida de dos inocentes pescadores.
