El anteproyecto de ley de Protección Integral del Niño y el Adolescente, actualmente en consultas, busca garantizar el reconocimiento de los derechos declarados en los distintos instrumentos jurídicos, y que estos no sean ni programáticos ni retóricos, sino efectivos, eficaces y exigibles. Con lo anterior se le otorga a las personas menores de edad una nueva condición jurídica y social, como ciudadanos, sujetos de derecho, seres humanos en desarrollo, con dignidad y capacidad.
La protección integral se trata del derecho al desarrollo humano en todos los ámbitos: físico, mental, moral, afectivo, social, espiritual y material. Es integral porque abarca los distintos sectores de la sociedad, como responsables de la efectividad, de sus derechos y no sólo de quienes tradicionalmente se les asignó como compromiso (jueces, instituciones de beneficencia, etc.).
La satisfacción de las necesidades básicas de los niños, niñas y adolescentes en la salud, la vida, la alimentación, la vivienda, en la familia, el ambiente, en su crecimiento y desarrollo, en su educación, recreación, cultura –como un todo indivisible y universal– no puede depender de la "buena voluntad" de algunos grupos sociales, porque son derechos que les pertenecen, se tienen que cumplir y en esta responsabilidad estamos involucrados todos los sectores, los medios de comunicación, la familia, la comunidad, la escuela, la iglesia, autoridades, policías, la justicia y el Gobierno, con la obligación de garantizarlos, protegerlos, satisfacerlos y promover la capacidad de los niños, niñas y adolescentes, y prepararlos para participar en la exigencia de todos esos derechos, según el proceso de desarrollo en la etapa de la vida en la que se encuentren, asumiendo, también ellos y ellas, sus responsabilidades ciudadanas, aprendiendo a ser miembro de su país.
Los derechos reconocidos requieren para su efectividad hacer valer, particularmente el Art. 29 de la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, por parte de toda la colectividad adulta. Ese es el gran reto, la aplicación de una nueva doctrina en el nuevo derecho de la infancia. Esta norma consagra que la finalidad educativa es la formación del individuo como esencial en la construcción de la ciudadanía social para la participación, en forma responsable y constructiva, de la niñez y la adolescencia desde su natural espacio ciudadano, el hogar y la escuela.
Formar al niño, niña y adolescente es tarea de la familia, los maestros, la comunidad, a través de todas las actividades del deporte, el teatro, radio, cine la televisión, los juegos, parques, etc., desarrollando al máximo de sus potencialidades, capacidades y aptitudes, en el respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales de todas las personas, en los valores culturales y nacionales, el respeto al medio ambiente natural, a asumir una vida responsable con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad y amistad entre todos los pueblos y los miembros de su entorno.
Esta es la forma de ir construyendo la convivencia democrática como forma de vida de una nación que quiere ser justa y solidaria.
Hagamos de nuestros niños buenos ciudadanos.
