La reforma fiscal que impulsa el Gobierno Nacional representa un desafío al sector empresarial panameño para que demuestre si le retribuirá al resto del país las ventajas que el Estado le ha dado por décadas para su incesante acumulación de riquezas. Para sumarlos al desarrollo nacional, el Estado creó distintas formas de incentivos, subsidios y exenciones para tornar más apetecible y rentable su inversión.
Mientras tanto, la lucha nacionalista por la recuperación del Canal, postergó las demandas sociales de los sectores populares. Contrario a lo que ocurría entre los empresarios, esos panameños se empobrecieron con el paso de los años y engrosaron las estadísticas del desempleo, la pobreza, la indigencia y la marginalidad.
Ese drama social y los males que arrastra consigo exigen actualmente la decisiva intervención del Estado para orientar en forma homogénea la economía nacional. Eso significa reformar el desequilibrado mapa de la acumulación de la riqueza y darle carácter redistributivo. El ciudadano común no puede estar abandonado a su suerte. Al modernizar la economía nacional, se colocan los fundamentos para reducir gradualmente la pobreza.
Está demostrado que el solo crecimiento de la economía no es la fórmula para enfrentar la enorme deuda social acumulada a lo largo de las últimas décadas. Zanjar esa brecha requiere de una política fiscal como instrumento insustituible para impulsar un nuevo proyecto de país viable para todos los panameños.
La reforma fiscal está en una relación directa con la reformulación de un contrato social y la búsqueda de un consenso moral. Ese pacto social toma forma en un estado de bienestar atento a la justicia social, la igualdad de oportunidades y la redistribución de la riqueza. No condiciona las posibilidades de generar más riqueza, más bien estimula una ética social básica que permita construir un entramado de vínculos primarios que sustente al estado incluyente cercano a las necesidades cotidianas de la mayoría de los panameños.
La reforma fiscal abre una oportunidad al sector privado para trabajar por la estabilidad nacional, no por una estabilidad que favorezca únicamente sus intereses de capital. El estancamiento, el desempleo, el hambre y la pobreza no estimulan el consumo.
El argumento de que la reforma fiscal debilitará la inversión privada, solo puede interpretarse desde la mezquina visión de empresarios insaciables. Es hora de que el sector privado asimile la realidad de que el país no puede prosperar sin un suplemento de equidad. Los empresarios no deberían espantarse ante la oportunidad de reconocer al resto de los panameños como individuos con iguales derechos de participar no solo en la generación también en el usufructo de la riqueza nacional.
Es criticable, al mismo tiempo, la incertidumbre artificial que pretenden sembrar algunos políticos opositores acerca del tema tributario como si estuvieran ajenos a que la frustración y el hastío van diluyendo la paciencia social y nutren la desconfianza en la clase política. La reconciliación entre el ciudadano y la política pasa por reformar una cultura política basada en el individualismo absoluto, alejada de ideales, cerrada en campos excluyentes de combate entre codicias personales.
Sería contraproducente, por otro lado, pretender enterrar toda crítica a la reforma fiscal. Debe abrirse un debate público, amplio y plural, que abone las posibilidades de lograr la viabilidad y sustentabilidad de la agenda social del Gobierno Nacional. La reforma no debería mirarse como una mera intervención estatal, sino como la oportunidad de alcanzar lineamientos estratégicos comunes y una lógica de justicia e igualitarismo capaz de trazar horizontes de esperanzas compartidas.
Ningún sector debería regatear en el debate nacional por la reforma fiscal lo que podría ganar o perder en materia de beneficios, sino buscar la manera de aportar para resolver los problemas sociales del país. El imaginario social colectivo puede construir un mejor Estado en el que se incremente la calidad institucional, la transparencia, la pluralidad y la tolerancia. También es posible construir un mejor mercado con claras reglas confiables y actitudes previsibles, con seguridad jurídica, con menor concentración monopólica, con mejor capacidad de consumo y una integración competitiva en el comercio internacional. Pero nada de eso es posible sin una mejor sociedad. Deben incrementarse los niveles de inclusión y equidad, de educación y salud, de lucha contra la impunidad y de mayor participación de los ciudadanos en las decisiones que los afectan.
Un mejor Estado, un mejor mercado y una mejor sociedad, es posible. Esta es la oportunidad para que todos los panameños desarrollen una gigantesca fuerza social capaz de construir un futuro en común.