Los últimos acontecimientos que se han suscitado en el seno de la Corte Suprema de Justicia han reavivado la crisis institucional por la que atraviesa este órgano del Estado. Y punto de equilibrio que debe, dentro de todo estado de derecho, establecer la equidad entre los restantes poderes políticos de un país, de tal suerte que no debe estar sometido a ningún tipo de influencia y/o injerencia que le impida ejercer el sagrado apostolado de administrar justicia.
La renuncia en masa de los actuales magistrados no resolverá el problema judicial en nuestro país, sobre todo porque el sistema o marco institucional sobre el cual descansa la labor de los jueces y magistrados está plagado de instituciones que impiden que los mismos ejerzan su labor de forma recta, expedita e independiente. después de las reformas realizadas en el año 2001 no se ha hecho un intento serio por realizar una transformación integral del proceso civil y penal, que vaya desde sancionar enérgicamente a jueces que incumplan los término así como abogados que ejerzan medidas dilatoria, cuando el derecho y la razón no les ampara.
El método de escogencia de los magistrados dista mucho de ser un sistema que sea independiente, que permita escoger administradores de justicia y que no vayan a responder a los políticos de turno. Falta que a nivel de nuestro país se establezca un Consejo General de la Judicatura de cuyo seno sean escogidos los Magistrados del Tribunal Supremo e igualmente un sistema de oposición que permita a cualquier ciudadano que tenga los requisitos mínimos aspirar a una posición dentro del sistema judicial, de tal suerte que no se le vede las posibilidades a ninguno con concursos internos y sectaristas, tal como existe actualmente, que tienen nombre y apellido. Son estos pequeños detalles que permitirán hacer adelantos al Órgano Judicial e ir superando la crisis por la cual se atraviesa. A manera de corolario el problema de la administración de justicia no son los hombres sino las instituciones.
