Seguro privado y economía nacional

La función económica y social del seguro privado es harto conocida, pero nunca está de más puntualizar algunas cosas que se deben tener presentes cada vez que en nuestro país se analice el tema.

Repitiendo una verdad probada, el seguro privado es el único medio confiable para enfrentar a las eventualidades a que están sometidas las personas y los patrimonios, porque son contratos taxativos que no permiten a las partes actuar caprichosamente al momento de reponer o indemnizar pérdidas. Hasta aquí lo elemental, pero no lo más trascendental que es su impacto económico y social. Admitiendo que en Panamá estamos atrasados en el rediseño de los vehículos de acceso de la población a estos instrumentos, la industria aseguradora, aun así, ha crecido 10% en el primer semestre de 2010, en comparación con el mismo período del año pasado. En particular, se nota un buen despunte en pólizas de accidentes personales y algo de incremento en seguros colectivos de vida, pero el movimiento es lento en pólizas nuevas de vida individual. Paralelamente, se nota un desarrollo consistentemente alto en ramos generales. Esto último es especialmente cierto en multirriesgos comerciales e industriales, robo, ramos técnicos y fianzas.

Vale anotar que en 2009 la producción de seguros en Panamá fue de 847.17 millones de dólares en primas suscritas, lo cual representó el 4.3% del PIB que, según cifras oficiales, ascendió a 19 mil 374.2 millones de dólares. Por otro lado, en ese mismo año se repusieron o indemnizaron pérdidas por un valor total de casi 313 millones de dólares, cifra que deja bien claro el impacto económico que el seguro privado tiene, no solo por la reposición de pérdidas económicas sino también por su incidencia en el ahorro nacional.

Los valores observados volarían si los seguros básicos pudieran llegar con facilidad a los diversos estratos económicos y sociales de todas las provincias, y a costos accesibles. Esta es una tarea inaplazable para las aseguradoras, ya que nuestro mercado, de por sí relativamente pequeño, se atomiza por el incremento de compañías que se dedican a esta actividad. Obviamente, ello puede afectar la solidez futura de las empresas. Como es sabido, la ley de los grandes números impera en la actividad aseguradora, lo cual significa que solo a través del aseguramiento de grandes masas de riesgos cualitativa y cuantitativamente homogéneos se puede lograr reducir costos y alcanzar un adecuado equilibrio entre las posibilidades teóricas y las reales de la siniestralidad.

Se debe aprovechar el impulso que se está dando a la nueva reforma a la Ley 59 de 1996 para ampliar la autoridad de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros en forma tal que pueda mejor vigilar la solvencia y la liquidez de las aseguradoras y fiscalizar la disponibilidad y el movimiento de títulos y valores que constituyan reservas de ley. En los contratos de seguros privados están ya comprometidos tanto el interés de los particulares como las fundamentales normas del derecho público, pero quedan para la Superintendencia de Seguros y Reaseguros las tareas de evaluar la suficiencia de las tarifas de las empresas de seguros, de verificar continuamente los valores de mercado de sus inversiones, de escrutar la aplicación de rigurosos principios de contabilidad y de afianzar prácticas comerciales y administrativas sanas.

Aún en su singularidad, la Ley de Seguros es de similar fondo y enfoque que la Ley Bancaria, la Ley de Reaseguros, y la Ley que regula el mercado de valores. Con estas bases de autorización y control, todas las actividades mencionadas han podido desarrollarse sin problemas como actividades de carácter privado de enorme trascendencia en la promoción del desarrollo económico y social del país. Ahora, en la industria aseguradora, se presenta una oportunidad de reforzar el desarrollo del sector haciéndolo más ágil, cercano a los mercados y eficiente en su contribución al desarrollo de la economía nacional.