Cuando se habla de "libre mercado", prácticamente todos estamos de acuerdo, porque esta fórmula económica está supuesta a beneficiar, mediante mejores precios y calidad, a los consumidores de bienes y servicios. Pero cuando la libre competencia se aplica a servicios de gran sensibilidad en materia de seguridad para las instalaciones portuarias, la gente de mar y el medio ambiente, como lo es el servicio de practicaje, entonces este principio adquiere características muy especiales.
A fines de 2007, con el evidente propósito de justificar el otorgamiento de una concesión a todas luces irregular, la Autoridad Marítima de Panamá envió una "cándida" consulta al Procurador de la Administración sobre la conveniencia o no de permitir competencia de empresas en el servicio de practicaje que se ofrece a los buques que navegan en la Bahía de Manzanillo.
Más rápido que ligero, el Procurador respondió el 28 de diciembre que cualquier restricción a la libre competencia resultaría violatoria de la Constitución Nacional. Prefirió, cómodamente, ignorar el hecho de que la empresa que hoy ofrece servicio de practicaje en la Bahía de Manzanillo se constituyó como un holding de tres empresas en 1997, atendiendo recomendación del entonces director de la Autoridad Portuaria, Dr. Hugo Torrijos Richa, para ofrecer un servicio debidamente organizado y sin disputas originadas por la competencia.
También en Estados Unidos hay normas que prohíben el monopolio, pero –igual que en Panamá– con exclusión de ciertos servicios esenciales para el Estado y la seguridad nacional. La propia Corte de Estados Unidos, cuando le ha tocado ventilar casos sobre competencia o monopolio en el tema del practicaje ha señalado que el practicaje "es una institución singular que debe ser juzgada como tal", y en consecuencia las propias normas legales excluyen a esta actividad de las leyes que rigen los negocios privados.
No se trata de imponer en Panamá leyes o normas que rigen en otros países. Se trata de no cometer los errores que llevaron a países de Europa, Asia y Estados Unidos, entre otros, a eliminar la competencia de practicaje en un mismo recinto portuario, para favorecer monopolios de uno o más grupos, debidamente regulados.
La experiencia lograda en más de cien años ha llevado a esos países y estados a eliminar la competencia en el practicaje marítimo. Tan es así que, a manera de ejemplo, el estatuto que rige al estado de la Florida, en Estados Unidos, señala que "el practicaje es un servicio esencial de importancia tal que su continua existencia debe ser garantizada por el estado y no estar a la merced de las fuerzas del mercado".
En conferencia dictada en junio de 2007, el presidente de la Asociación Internacional de Prácticos Marítimos, Mike Watson, señaló que la competencia lleva a discriminar a favor del cliente más grande (lucrativo) y desincentiva la inversión en lanchas, tripulaciones, despachadores, capacitación, equipos de comunicación, etc., además de constituir un riesgo a la seguridad de la navegación.
En el sistema de practicaje con una empresa o grupo de varias empresas, el servicio es organizado y está disponible las 24 horas del día, 365 días al año, y todas las naves son tratadas en un sistema igualitario, sin discriminación.
Panamá está comenzando a despegar como una nación marítima del primer mundo. De allí que resulta prudente y recomendable que miremos los yerros cometidos por otras naciones marítimas, para no incurrir en ellos. Y que, en la misma línea, imitemos sus experiencias exitosas. La experiencia que está viviendo la comunidad de prácticos de Panamá con este atentado que se ensaya contra una empresa que obtuvo en 1999 una concesión por veinte años, se nos presenta como un precedente peligroso.
Si en la Autoridad Marítima prevalecen los intereses de políticos allegados a Palacio, nada quita que en el futuro próximo, o tal vez no tan próximo, cuando otro gobierno asuma el poder, entonces, basados en el precedente de 2008, se le arrebate la concesión para otorgársela a un empresario político allegado al gobierno de turno. Y caeríamos en un desprestigio en el manejo de nuestros asuntos marítimos, que afectaría no solo la imagen de país, sino la calidad de un servicio propio del primer mundo, con las consecuencias fáciles de predecir.
