He seguido muy de cerca el tema de la construcción de la Torre Financiera, un proyecto de 69 pisos que albergará algunas instituciones públicas que, según el Gobierno, “se transformará en un ícono del país y lo proyectará en el contexto internacional, porque representa y es símbolo de la solidez económica y orgullo de la nacionalidad panameña. Proyecto emblemático que integrará lo público y privado como un símbolo de la nueva institucionalidad panameña”.
En primer lugar, no me opongo a que el Estado construya un complejo que albergue a todas las oficinas públicas, ya que es una necesidad real de hace muchos años y que requiere de una pronta solución. No obstante, no veo el porqué hacerlo en los terrenos de la antigua Embajada de Estados Unidos, cuando tenemos otras alternativas más baratas y accesibles. Por ejemplo, por qué no considerar como una alternativa el Centro de Convenciones Atlapa, construido en ocho hectáreas, que para los tiempos actuales ya no es funcional, reportándole pérdidas al Estado de un millón de dólares anuales por conceptos operativos. Asimismo, el Estado puede disponer de miles de hectáreas en las áreas revertidas que pueden utilizarse para construir una ciudad gubernamental a un costo significativamente menor al de la Torre Financiera.
En segundo lugar, utilizar cerca de 250 millones de dólares de las arcas del Estado para construir un edificio que, en parte, se venderá a empresas locales y multinacionales me parece una decisión económica equivocada, que lesiona los intereses nacionales. Se está fomentando un negocio privado en detrimento de un negocio público o social. Al Gobierno no le debe interesar levantar estructuras faraónicas para embellecer la imagen de la ciudad ni beneficiar a ninguna empresa privada. Le debe interesar una mejor distribución de la riqueza para la población, a través de mejores servicios de educación, salud, vivienda y transporte, entre otros.
Todavía no entiendo ese afán de demoler el edificio de la antigua Embajada de Estados Unidos, cuando sus infraestructuras bien podrían ser utilizadas para la ampliación del Hospital Santo Tomás o del Hospital del Niño, o bien para la habilitación de un museo que promueva nuestra identidad nacional, que poco a poco se está perdiendo.
Con esta acción, el Gobierno ha tirado al cesto de la basura millones de dólares. ¿Dónde están el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Cultura? No quiero pensar que los intereses personales están primero que los intereses del pueblo. Entendí todo lo contrario en la última campaña presidencial.
