Sin transparencia es muy difícil que se avance y que la mesa del diálogo llegue a feliz término, como todos deseamos. Nuevamente los gurús de la economía imponen, no ya sus dogmas de fe, sino también el control absoluto sobre la información, compartimentando a toda la sociedad, como si fuesen, además, dueños o custodios de los fondos de la Caja de Seguro Social.
No cabe duda que el modelo original de funcionamiento de la institución ha sufrido profundos efectos por las nuevas realidades socioeconómicas que experimenta el mundo, mismas que han afectado sensiblemente las variables paramétricas fundacionales; las edades de jubilación, la cantidad de cotizantes por jubilado y pensionado, así como la densidad de cuotas. Pero la problemática de la Caja de Seguro Social también se origina en la paulatina y permanente descapitalización a que ha sido sometida desde su fundación por parte del Estado.
La Ley 17 tuvo como meta el mejoramiento de la situación actuarial, aumentando los ingresos, afectándose las variables paramétricas, buscándose mejores rendimientos de sus fondos e incorporando nuevos cotizantes con los trabajadores independientes. No obstante, los informes presentados por el Ejecutivo a la Asamblea de Diputados sobre la situación de la Caja sólo se remontan al año 1999, quedando por fuera un tiempo digno de analizar. Sólo presentaron informes financieros de los cuatro programas de la Caja a partir de 1999, los montos que se desembolsaron en cada uno de ellos y, a renglón seguido, la proyección de ingresos y gastos proyectados para los próximos cuarenta años.
En ninguna de sus presentaciones los expositores han expuesto, con la claridad pertinente y necesaria, esas otras causas de la descapitalización. Las presentaciones sobre su situación son ciertas y no dudamos de la sinceridad de los altos funcionarios del gobierno; pero la información no ha sido suficiente. Llama especial atención que no se haya hecho referencia a los rendimientos de los fondos colocados en el Banco Nacional y en la Caja de Ahorros, desde antes de la década de los cincuenta, ni se refieran a los desembolsos que ha realizado la Caja, años tras años, para pagar los servicios médicos brindados a los no asegurados. Esas prácticas, que según ex directores de la Caja suman varios miles de millones de dólares, también afectaron significativamente su capital y, en consecuencia, su capacidad de hacerle frente a sus compromisos futuros con los pensionados y jubilados.
No es secreto que el rendimiento de los fondos colocados a plazo fijo, en ambas instituciones bancarias, ha sido más alto de lo que la Caja ha recibido, y que la diferencia ha sido destinada a los presupuestos de la nación. Desde cuándo se vienen realizando estas prácticas, y cuantificar esos montos es materia esencial que se debe ventilar en la mesa del diálogo, si es que se quiere de verdad debatir el problema de la institución, ya que resulta obligante ser transparente con un pueblo que deja parte de sus salarios para los días del "otoño de la vida"; además, esos fondos no son del Estado ni de ninguna otra institución, ni existe nada en la ley que autorice su uso para esos fines; sus verdaderos dueños son los que hoy están jubilados y los que actualmente cotizan. Por eso la información veraz, objetiva e histórica debe ser puesta en la mesa del diálogo desde el primer momento. No hacerlo podría interpretarse como burla o engaño y producirían nuevos enfrentamientos.
Es verdad que el presidente Torrijos decidió que a la Caja se le debe pagar todos los ingresos que rindan sus fondos a partir de la nueva ley; pero no puede ser borrón y cuenta nueva, dejando al olvido la historia descapitalizadora. La descapitalización por estas causas -por el subsidio histórico al Estado y por el financiamiento a los servicios de salud a los no asegurados deben ser reconocidos como deuda del Estado, y el monto que se determine, a través de un áudito a ese pasado depredador, debe ser devuelto a las arcas de la institución mediante fórmulas que no rompan con la armonía fiscal y financiera del Estado. No hacerlo es jugarle vivo a cientos de miles de panameños y panameñas humildes, que depositaron sus esperanzas en la seguridad social, esperando pasar sus últimos años de vida con una pensión que les permita vivir decorosamente. Ello no sería justo ni equitativo.
Por lo anterior, la información histórica de la descapitalización de la Caja debe ser compartida en la mesa del diálogo, y no ocultarla, pues esa falta de transparencia fue decisiva para que la suspicacia e incredulidad, que se ha enraizado en nuestra cultura, estallara en los hechos de rebeldía por todos conocidos. El reconocimiento de esa deuda, y el compromiso de pagarla, seguramente reducirán de manera importante las duras medidas paramétricas que afectarán a los trabajadores más humildes del país. Además, esta medida debe ir acompañada, con la inclusión en la ley, de la absoluta y total autonomía de la Caja con relación al Estado panameño. Mantener esa dependencia, prolongaría las prácticas endémicas y las tentaciones de seguir utilizando el dinero ajeno, el dinero de los asegurados, para erogaciones distintas a los fines de la institución.
Resulta evidente que al esconder la realidad de los orígenes de la descapitalización en el tiempo escondido, los "sacerdotes" del gobierno "de la economía única", tengan un objetivo premeditado: que los trabajadores paguen las arbitrariedades y los desaciertos cometidos con sus fondos, entre otras cosas. Pero sin esa necesaria transparencia, sin esa impostergable información y sin ese público debate, el diálogo y el esfuerzo de las fuerzas honestamente comprometidas en la solución del problema, lamentablemente, darán al traste, gestándose las condiciones de nuevas confrontaciones.