Ordenar el espacio territorial es imponer un plan de acuerdo con un orden que ha sido pensado, soñado y que deseamos materializar. Pero antes debemos definir un modelo de sociedad para luego precisar el modelo de ordenamiento territorial en el que se desarrollaría de forma óptima; sociedad ideal que parte de una historia compleja y tiene un porvenir singular en un mundo velozmente cambiante. Luego, crear escenarios posibles y futuros de ese espacio territorial de acuerdo con plazos definidos, quinquenales, decenales o más largos a 20 ó 25 años.
La operación, más bien intelectual, ideológica, se apoya en un concepto de sociedad y finalmente será el resultado de una acción política y tecnocrática, mediante la ejecución de normas de estricto cumplimiento. Ordenar el espacio es imponer un plan, pero para que dicho plan se sustente en datos objetivos debe partir de un diagnóstico científico.
El primer diagnóstico sobre el espacio territorial a escala nacional fue el Catastro Rural de Tierras y Aguas, terminado en 1968; vasto inventario de recursos naturales y tenencia de la tierra que aparece en fotos aéreas y mapas a escala grande, y que nunca ha sido actualizado. Infortunadamente, no fue la base de un plan de ordenamiento territorial nacional, a pesar de los grandes esfuerzos de planificación por parte del Estado desde la década de 1970.
Mientras tanto, el país continuó creciendo, tanto su población como su economía. De esencialmente rural se convirtió en mayoritariamente urbano y la capital y sus suburbios, desde La Chorrera hasta Pacora, se desarrollaron aún más. Todo esto sucedió con marcado desorden, cuyo resultado es desarticulación espacial, ineficiencias en la prestación de servicios públicos, falta de optimización en el sistema de transporte y la comunicación, afeamiento del paisaje y caos generalizado del uso del espacio con costos también crecientes para los contribuyentes y los usuarios; para todos los panameños.
Más tarde se emprende el Plan Regional Para el Desarrollo de la Región Interoceánica y el Plan General de Uso, Conservación y Desarrollo del Área del Canal, aprobados mediante ley en julio de 1997, gracias a acuerdo logrado por la unanimidad de las fuerzas políticas y sociales. Constituye el único esfuerzo de ordenamiento territorial a escala regional, puesto en práctica con bastante éxito en el territorio de la antigua Zona del Canal, por la administración del Dr. Nicolás Ardito Barletta en la ARI.
Dicho plan, aunque no se cumple fielmente (p. e. en el Parque Natural Metropolitano), es la base de la zonificación en el área del Canal. En el resto de la República y, especialmente, en la ciudad de Panamá, las zonificaciones parecieran haber sido parte de un mercado libre y no de un plan de ordenamiento territorial, aunque existiese desde diciembre de 1997 el Plan de Desarrollo Urbano de las Áreas Metropolitanas del Pacífico y del Atlántico, del Mivi, guía aún más general que el Plan General, que más bien ha quedado como letra muerta. Darién tuvo desde 1998 su Plan Indicativo de Ordenamiento Territorial y, en enero de 2003, se presenta el Plan Indicativo General de Ordenamiento Territorial, documento rector de la política territorial y ambiental del Estado en función del desarrollo sostenible.
Sin embargo, del dicho al hecho hay mucho trecho y la realidad es el intenso desorden territorial y ambiental que vivimos en Panamá. A pesar de las primeras normas mencionadas y la Ley 6 de 2006 que regula el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano, la realidad es el caos agravado en los últimos lustros en la zonificación y permisos de construcción en la ciudad de Panamá y sus suburbios, con las consecuencias que todos padecemos.
Hay estudios y normas, pero las autoridades no las hacen siempre cumplir. Un botón: el enorme relleno abusivo en Amador. ¿Dónde estaba la voluntad política para gobernar en provecho de la comunidad, el interés nacional y el orden republicano?
En octubre de 2009 se creó un Viceministerio de Ordenamiento Territorial. Excelente iniciativa que esperamos rinda pronto frutos y contemos, al fin, con un auténtico plan de ordenamiento territorial nacional para la zona ocupada por la mayoría de la población en las áreas rurales y urbanas, y que tenga como objetivo facilitar el crecimiento económico pero, sobre todo, tenga fines más cualitativos en el funcionamiento de un espacio territorial para el bienestar de los panameños, primeras víctimas del desorden causado por la indisciplina ciudadana, la incompetencia y la corrupción públicas.
Plan que se traduzca en normas que se hagan cumplir para tener vías y sistemas eficientes de comunicación y transporte, para recuperar los espacios públicos y las áreas de esparcimiento. Para tener logros simples como aceras amplias y seguras y ciclovías, parques extensos y bien cuidados, una relación más armónica entre lo construido y el ambiente natural.
Para contar con mapas de terrenos constructibles y zonificaciones con los tipos de edificación, densidades, retiros y alturas apropiadas de acuerdo con las actividades permitidas, las comunidades y las infraestructuras viales y de prestación de servicios públicos de agua potable, alcantarillado sanitario y energía eléctrica. También, para terminar con el desorden que se nota en todas partes por las construcciones sin orden ni concierto, hasta en las servidumbres públicas. Se requiere un ordenamiento territorial producto de estudios científicos y, también, de la concertación con las comunidades y los grupos organizados en el que, tanto el Gobierno nacional como los municipios, deberían tener una responsabilidad principal. Se hará solo con una fuerte voluntad política y una administración pública de verdad competente.
