El evento organizado reciente por la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de Panamá (Fudespa), donde los invitados especiales eran precisamente los cuatro aspirantes a la Presidencia de la República para las elecciones del 3 de mayo de 2009, fue un ejercicio académico de lujo en el que se abordaron temas de Estado de manera solemne y eficaz, propio de las universidades más prestigiosas y los centros de estudios de países del primer mundo.
El acto contó con las disertaciones impecables de tres damas y dos caballeros, quienes presentaron información actualizada, novedosa e imprescindible para que –a conciencia y de manera seria y responsable– los candidatos se inspiren en el bienestar de las futuras generaciones, en estructurar de una vez por todas la “estrategia del desarrollo nacional” como un tema de Estado y de obligatorio cumplimiento patriótico y moral durante los próximos tres quinquenios constitucionales.
No cabe duda, el evento fue tan ameno e interesante que mantuvo la sala llena de empresarios, economistas, profesionales, inversionistas, académicos, industriales, docentes, periodistas, policías y militares, quienes seguían atentos la lluvia de información e ideas.
Tal fue el éxito, que la ausencia de tres de los cuatro candidatos por otros asuntos de fuerza mayor pasó inadvertida. Justo es reconocer que el único de ellos presente desde temprano fue el candidato del Partido Panameñista, Juan Carlos Varela. Él estuvo alerta hasta el final de las propuestas de políticas públicas, como base los cinco primeros temas de Estado que presentó Fudespa: educación nacional, seguridad ciudadana, transporte público, política energética y desarrollo humano y social con equidad.
Quiero pensar que durante estos últimos días previos a las elecciones, Fudespa convocará una vez más a los presidenciales a un ejercicio similar, para presentar el segundo grupo de temas de Estado, como por ejemplo –y sugiero más bien– el nuevo proyecto ley del modelo de atención de la salud, diseñado y estructurado durante la Concertación Nacional para el Desarrollo, hoy en manos del Presidente; la evolución y tecnificación del sector agropecuario, incluyendo el desarrollo ordenado y sostenido de la vertiente del atlántico y las provincias de Bocas del Toro y Darién, para alcanzar el desarrollo pleno agroindustrial del país y la autosuficiencia alimentaría nacional; la conservación del ambiente y de nuestros recursos naturales; la humanización del régimen penitenciario y la formación vocacional, artesanal y técnico agrícola de nuestros reos.
Quisiera aprovechar esta magnífica iniciativa de Fudespa, para sugerir que no se deroguen las cinco leyes sobre seguridad (aún en el Órgano Legislativo y pendientes al procedimiento a que deben someterse de acuerdo al Art. 159 numeral 16 de la Constitución). En cambio, propongo introducir a estas leyes algunos ajustes y desarrollar el Art. 41 de la Ley 18 del 3 de junio de 1997, que reglamenta la organización y reglamentación de la Policía Nacional, así como la designación y permanencia límite de los directores uniformados de la carrera policial. De igual forma, introducir mediante ley la organización y guía de antigüedades, méritos y superación profesional, mediante un escalafón que debe regir de manera separada en todos los componentes de la Fuerza Pública, atendiendo al espíritu y letra de los artículos constitucionales 300, 302, 306 y 310.
Además, que se especifique, sin margen a dudas, que para aspirar a director de una de las ramas o componentes de la Fuerza Pública, el aspirante debe ser un número en el escalafón respectivo. Me preocupa y debo expresarlo con plena responsabilidad ciudadana, que se retome por revancha política impensada e insensata a la figura del director civil, sin medir las consecuencias de los efectos negativos en la moral de la oficialidad de la Fuerza Pública, al coartase el derecho a ser miembro de una “carrera policial completa”, como claramente lo expresa el artículo 305 junto a otras siete carreras en la función pública.
Es conveniente tener presente que la Fuerza Pública representa el centro de gravedad del Estado panameño, o el pasador de seguridad y viga de amarre de la estructura sólida, donde se posa y descansan los tres órganos del sistema democrático. En consecuencia, por la salud de la República y convivencia pacífica del pueblo panameño, la experiencia me obliga a alertar la necesidad de que todos comprendamos la importancia de que la Fuerza Pública termine de consolidarse como una institución y quede fuera del cortejo, coqueteo y las pasiones que derivan de las contiendas políticas.
