Durante la mayor parte nuestra historia republicana, estuvimos exigiendo justicia en distintos foros internacionales para la recuperación de uno de nuestros recursos más preciados: el Canal de Panamá.
Luego de 11 años de la salida del último soldado del enclave colonial que fue la Zona del Canal y a solo 581 días del gobierno que preside el señor Ricardo Martinelli Berrocal, se aprueba en la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley No. 277 por el cual se reforma el Código de Recursos Minerales.
En esencia, esta de ley tiene dentro de sus objetivos facilitar a la industria minera el acceso a capitales o financiamientos que les permita ejecutar sus proyectos. Recursos que pueden ser proporcionados por otros Estados y gobiernos a través de la compra de acciones de estas empresas o mediante préstamos, los cuales son garantizados con la concesión. En este mundo globalizado, quien posee los recursos financieros impone las reglas del juego. En otras palabras: nuestros recursos minerales podrán ser explotados indirectamente por otros Estados a través de empresas mineras supuestamente privadas, o sea que estamos entregando nuestros recursos minerales al mejor postor a precio de baratijas y cediendo soberanía.
Las tarifas correspondientes a los permisos de reconocimiento superficial, las concesiones de exploración y de extracción, las fianzas de garantías y multas por incumplimiento (hasta 250 mil dólares) son extremadamente ridículas y exiguas ante los posibles daños ambientales que puedan ocasionarse.
En América Latina, en especial en el hemisferio sur, las experiencias con las compañías mineras en el manejo y control de la contaminación han sido nefastas. En nuestro medio solo basta recordar la contaminación, deforestación y pérdida de biodiversidad por los derrames de cianuro (una dosis de 50 miligramos es fatal en el humano) de la mina Remance, y la muerte de grandes cantidades de peces y otros animales, ocasionada por la mina Santa Rosa. Solamente en un país con una clase política con una exigua o nula instrucción ecológica posibilitan la sustentación y aprobación (esperemos que no sea así) de este tipo de proyectos que comprometen el bienestar de la presente y de las futuras generaciones.
Esta situación se agrava si se toman en consideración los escasos recursos que históricamente el Estado panameño destina a la investigación seguimiento, mitigación y reparación de los daños ambientales.
¿Por qué no apostar a otras alternativas amigables con el ambiente como el bioturismo que, continuamente, genera ingresos al fisco? ¿Conocen los que defienden el proyecto cuál es la velocidad de traslación media en la troposfera de los gases y partículas que serán emitidos durante la fase de explotación? ¿Conocen a qué distancia se trasladarán dichos gases y partículas de acuerdo con la época del año y cuáles serán las zonas afectadas?
