La llegada del segundo aniversario de la actual administración confirma la opinión recogida de la Fundación Avina de que en la América Latina hay gobiernos que se extinguen mucho antes de que su término constitucional sea alcanzado. Ello se da por la promoción de programas sin interconexión con objetivos nacionales concebidos para mejorar a largo plazo la calidad de vida de la gente.
Las vacuas comunicaciones que recibe la Nación son calibradas por la ciudadanía consciente en correspondencia al funcionamiento institucional, a la transparencia en asuntos públicos y al desempeño personal de las autoridades de gobierno. Es,precisamente, allí donde resaltan la falta de higiene política y el retroceso en la rehabilitación de las instituciones del Estado. Los órganos de gobierno están desenganchados de las fuerzas sociales del país; no parecen tener sentido del lazo existente entre las pobres condiciones de vida y sus causas. Sin ello no se puede conocer la responsabilidad de factores determinados en las atinentes consecuencias; solo arraigará más la cultura de sumisa dependencia de los ciudadanos, o dará pie a explosiones sociales.
Desde hace tiempo se vienen destruyendo las instituciones que rigen nuestra vida en sociedad. Empero, ahora se carga a la pandemia la culpa de las deficiencias de cuestionables medidas cortoplacistas aplicadas en varios escenarios. Pero aún con emergencia sanitaria, el gobierno ha tenido tiempo y premura para implantar programas razonados de largo plazo tendentes a dar vitalidad al país en todos los campos. No hay indicios de que éstos surgirán en un futuro cercano; lo único que se está viendo es el incremento peligroso de la sensación de inseguridad y de vulnerabilidad de la ciudadanía.
En la palestra han aparecido simultáneamente numerosos temas fundamentales, a primera vista, capaces de crear confusión o evitar concentración de presiones populares. Apenas un muestrario: la Caja de Seguro Social, el contrato de PPC, las concesiones de minería, el vale digital casado, un pacto del bicentenario de dudosa viabilidad y escándalos públicos de toda índole. Es táctica política vieja y tan dañina como otras, porque imposibilita a las fuerzas sociales expresar la forma como conciben un mejor país.
En cuanto al fallido diálogo sobre la CSS, nada se ha hecho respecto de la Nota 816-2020/DINAG-DSSASS, dirigida el 19 de noviembre de 2020 al contralor general de la República por catorce de sus auditores. Ella atesta 110 “deficiencias y aspectos importantes de la estructura del control interno” de la CSS, entre los cuales se destacan la falta de confiabilidad de la información financiera digitalizada; la presentación de fondos en la cuenta de banco que no pertenecen a la CSS; 80 meses de atraso en las conciliaciones bancarias del Fondo de Pensiones y Jubilaciones y del Fondo General y Salario y Remuneraciones; la “falta de integridad” en las cuentas de inventarios; la presentación de estados financieros del Subsistema Mixto que no se ajustan a las normas de contabilidad gubernamental y al Decreto 4, y la falta de registro del Convenio de Compensación y Servicios entre la CSS y el Ministerio de Salud. Frente a lo anterior, el gobierno no toma acciones, y objeta hasta el análisis de posibles formas de aplicar las medidas paramétricas indispensables.
No hablemos del contrato lesivo de PPC y de su ejercicio “como si fuera soberano”. Pasemos al vale digital con contraprestación. Esta es otra improvisación que súbitamente ha puesto al Inadeh a “analizar” reglas y la ampliación de la cantidad de alumnos, y a apelar a la AIG en sistemas, porque la demanda ha sido demasiado grande. El Pacto del Bicentenario, de ínfima mención el 1 de julio, requiere mucho más que averiguación, indagación o un inefectivo “pacto con el gobierno”: hacen falta pretensiones, objetivos y procesos liderados con signo de esfuerzo nacional y con adecuada asignación y administración de recursos. Si no es así, quedará totalmente desvalorizado.
Esa especie de plebiscito vendrá con un grado de emoción de la población afectada, y podría distorsionarse. Esto se daría con el impacto que tendrán las “regiones” si con base en el peso de sus números se llegara a discutir la redistribución social con real propósito de desarrollo general. El resultado seguramente sería de más frustración ciudadana, porque las materias manifestadas son, por Constitución, de sempiterna y excluyente responsabilidad del Estado de derecho. Sometamos a un breve examen un paraje que rodea este empeño: aparte de la falta de liderazgo político y social en el país, salta a la vista que el gobierno haya tenido que recurrir a esta singular forma de indagación de las aspiraciones y reclamaciones de la población. Conjeturo, con desaliento, que por el momento la gobernabilidad democrática continuará en permanente limbo, y en el campo social, nada con futuro habrá a la vista.
El autor es exembajador ante Naciones Unidas
