Cada cinco años, el agro…

Cada cinco años se nos plantea la misma situación: por un lado, la disyuntiva entre continuar con un modelo de desarrollo al que, por más cosmética que se le aplique, es imposible revitalizar. Nuevamente, el problema de esperar obtusamente resultados diferentes haciendo lo mismo de siempre.

Por otro lado, la posibilidad de cambiar el modelo, lo cual no está exento de riesgos, resistencia, traumas y polémica, y para lo cual solo hay una cura posible: esa rara mezcla de inteligencia activa (contando con un plan bien concebido, con suficiente sustento técnico y una buena dosis de flexibilidad y proactividad) y decisión política coherente, dentro de una visión integral de país.

El problema del campo panameño es quizás uno de los más importantes. ¿Qué hacer con un campo mayormente improductivo, acostumbrado a subsidios y a modos de producir obsoletos y que, a la vez, es de tanta importancia estratégica?

No solo por lo que representa el campo en términos sociales sino también porque, hoy más que nunca, es evidente que la propia sobrevivencia de Panamá como Estado moderno pasa por asegurar su capacidad básica de proveerse de cosas tan elementales como el agua, la energía y, sobre todo, los alimentos. El patrón actual de crecimiento que se nos ha vendido, artificioso y muy publicitado pero divorciado de un verdadero desarrollo socioeconómico es, a todas luces, insostenible, inviable e inservible.

Por ello, este modelo de país, insuficiente y mediocre, cuyo sustento está basado casi exclusivamente en el Canal y en los servicios derivados del mismo, en la burbuja inmobiliaria y en el voluble comercio de reexportación (por no mencionar ese factor ubicuo que es la economía subterránea que promueve el dinero sucio), debe ser revisado y actualizado, incluyendo un esfuerzo estratégico por aumentar el peso del sector productivo agrario, concretamente en la producción diversificada de alimentos de origen vegetal, pecuario y acuícola, así como en la transformación de alimentos, originando nuevas líneas exportables de valor añadido y con alguna ventaja competitiva real en el mercado global.

En este sentido, es fundamental que se haga una revisión profunda de la realidad agraria nacional y de los factores que le limitan. Ello pasa por resolver taras elementales y viejas, pero impostergables, como el problema de la tierra, garantizando tanto el acceso a la propiedad de la misma para pequeños y medianos agricultores como la seguridad jurídica en la tenencia productiva (no especulativa ni acaparadora) de la misma, por parte de las empresas agroindustriales que deben ser promovidas e incentivadas. Un objetivo prioritario de la nueva administración debería ser el facilitar los mecanismos para la creación de agroempresas (por ejemplo, mediante incubadoras de empresas agropecuarias y/o agroindustriales en cada provincia) y proveer todas las instancias necesarias para su desarrollo exitoso (por ejemplo: una verdadera banca de inversión agroempresarial, creación de unidades de promoción e inteligencia de mercados, incentivos diferentes para la exportación de nuevos rubros, etc).

Otro aspecto de importancia crítica es el refuerzo a la investigación y desarrollo agrarios. Sin incorporar el desarrollo científico y tecnológico moderno a las actividades productivas del país, es imposible regenerar al agro nacional y convertirle en un sector económico verdaderamente competitivo. La innovación es la base última que garantizará la sobrevivencia de agro nacional, preservando nuestro germoplasma nacional, disponiendo herramientas para enfrentar las consecuencias del cambio climático global o las nuevas plagas y enfermedades en cultivos y pies de cría nacionales, así como la incorporación de nuevas líneas productivas con base en el mejoramiento de la base material y técnica mediante un acervo de saber endógeno, en permanente vigencia.

Otra tarea indiscutible es el fomento al uso sustentable de los recursos naturales (el suelo, el agua, la biodiversidad, etc). Ello pasa por un programa de inversiones inteligentes, transparentes y consistentes, que fortalezcan las actividades institucionales de las entidades que atienden al sector agrario buscando cumplir con los grandes objetivos sectoriales, comenzando con la promoción de un desarrollo productivo rural sólido, competitivo y basado en la ciencia, así como en la promoción de la educación y la salud en el campo, en la provisión de oportunidades de un empleo rural productivo y en el fomento de una conciencia social y ambiental que no esté reñida con el desarrollo económico.

Los datos de nuestro decadente agro y de la degradación ambiental del país son un gravísimo llamado de alarma, hasta hoy desatendido, debido a un sinnúmero de factores de naturaleza mayormente politiquera y a la colusión de intereses nefastos (especuladores, intermediarios, gamonales, etc.) y retrógradas. El director de la FAO, Jacques Diouf, dijo hace unos meses que: “El mundo se está dando cuenta hoy de que no hay vida sin agricultura”. Ojalá que los nuevos tomadores de decisión en este país abran los ojos y entiendan claramente que Panamá no escapa a esta realidad y que la atención del agro nacional es ya una tarea impostergable.