Cincuenta años atrás, esta semana, la Asamblea General de la ONU adoptó la resolución que expulsó a Taiwán de las Naciones Unidas y de “todos los organismos con ellas relacionados”, e instauró a los agentes de Beijing como “los únicos representantes legítimos de China en las Naciones Unidas” (A/RES/2758[XXVI]). De 131 Estados miembros de la ONU en 1971, 76 votaron a favor; 35, en contra; 3, no votaron; y 17 se abstuvieron (entre ellos, Panamá).
Desde entonces, la mayoría de los Estados del mundo “normalizaron” sus relaciones con China, rompiéndolas con Taiwán. Estados Unidos las “normalizó” en 1979, a la vez que aprobó la Ley de relaciones con Taiwán, que establece un conducto especial para el mantenimiento de dichos nexos, a través del Instituto Americano en Taipei y compromete a Washington a suministrar el armamento que la isla requiera para garantizar su defensa.
En los años siguientes, la posición económica y militar de China ha aumentado considerablemente. A pesar de los ingenuos vaticinios de algunos observadores, el crecimiento económico no produjo una liberalización política ni, mucho menos, la democratización del país.
La masacre de Tiananmen (1989) dejó claro que el partido comunista chino, al cual pertenece el gobierno de Beijing, no tiene intención alguna promover una transición democrática. Al contrario, la autocracia china no solo se ha afianzado: sus artífices, que no pierden oportunidad para denostar el sistema democrático, la presentan al mundo como un modelo político válido y digno de replicarse en otras latitudes.
Contrariamente a China, Taiwán ha seguido el camino de la democratización. La férrea autocracia de Chiang Kai-shek, quien expiró en 1975 (un año antes que su archirrival, Mao Tse-tung), transitó en las décadas de 1980 y 1990 a un sistema político abierto y competitivo.
Según Polity IV, uno de los esquemas de clasificación de regímenes de más amplia aplicación en la Ciencia Política, Taiwán alcanzó la democracia plena en 2004 y se ha mantenido en esa categoría hasta la actualidad, con diez puntos sobre diez.
Freedom House, otro esquema de clasificación, califica a Taiwán como una sociedad libre, asignándole 94 puntos de un máximo de 100 que pueden obtenerse en su escala. Compárese este con los puntajes de Estados Unidos y Panamá, en ambos casos, de 83 sobre 100.
Para Freedom House, Taiwán es una sociedad libre desde 1996-1997, en contraste con China, que sigue siendo, desde sus inicios en 1949, un país “no libre”, con un puntaje de 9 sobre 100, lo que indica niveles extremos de represión.
Freedom House destaca también el “enfoque del gobierno ante la pandemia de COVID-19”, caracterizándolo como “uno de los más exitosos del mundo”. A diferencia de muchos países, Taiwán evitó “restricciones abusivas” de los derechos individuales (como las que impuso Panamá). “Se informó de tan solo siete muertes relacionadas con el coronavirus” en 2020, comenta Freedom House.
Varieties of Democracy, otro proyecto de clasificación de sistemas políticos, radicado en la Universidad de Gotemburgo (Suecia), reconoce a Taiwán entre los países con más altos niveles de democracia liberal. Destaca en su informe que, durante la pandemia, tan solo en 14 países no hubo violaciones de normas internacionales de derechos humanos, entre ellos, Taiwán.
The Economist, famosa publicación británica, compila su propio índice de la democracia, cuya más reciente edición (2021) enfatiza que el avance democrático más importante en 2020, entre los 167 países de su estudio, lo obtuvo Taiwán, al cual también califica como Estado “plenamente democrático”.
Taiwán, además, es un Estado próspero. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), ocupa en 2021 el lugar número 15 en el mundo, con un producto interno bruto, ajustado por poder adquisitivo, de 61.4 mil dólares estadounidenses por persona.
En comparación, el PIB per cápita de Panamá, según el mismo criterio, asciende a 30.1 mil dólares y el de China, a 19.1 mil dólares. En otras palabras, el PIB per cápita de Taiwán es más del doble que el de Panamá y más del triple que el de China.
Según el índice de libertad económica de la prestigiosa Heritage Foundation, Taiwán tiene la sexta economía más libre del mundo. En ese mismo estudio, Estados Unidos está en la posición N°20; Panamá, en la N°62 y China, en la N°107.
En tiempos recientes, China—envalentonada por un percibido debilitamiento en la posición estadounidense—ha arreciado sus amenazas contra Taiwán. Aduciendo el trillado argumento de que la isla de 23 millones de habitantes es una “provincia rebelde” que debe ser reincorporada a la fuerza, si es necesario, ignora el hecho de que Taiwán tiene más de siete décadas de autogobierno, que su sistema político es democrático, que sus relaciones exteriores son pacíficas y que su prosperidad es superior a la de la inmensa mayoría de los países del mundo.
En días recientes, varios países occidentales han hecho llamados a estrechar los vínculos con Taiwán, a permitirle una participación en el sistema de las Naciones Unidas y a advertir a China que debe detener su agresión. Panamá, que en 2017 cometió el grave error de romper relaciones diplomáticas con Taipei para “normalizarlas” con Beijing (a cambio de una jugosa coima, según cierta filtración), mantiene la desaconsejada política, impuesta por el partido comunista chino, de no establecer relaciones comerciales y culturales con Taiwán, como sí las tienen 59 Estados que mantienen relaciones diplomáticas con China.
Ya es hora de que Panamá rectifique semejante lesión a la soberanía nacional y deje de supeditar su política exterior a los dictados de una potencia autocrática y corrupta.
El autor es politólogo e historiador y dirige la maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá.
