Varias veces hemos escrito sobre la necesidad de invertir en los panameños pobres para ayudarlos a salir de su pobreza incorporándolos mejor a la vida nacional. Citando cifras que dimensionan el problema, hemos enfocado también la gama de programas que debemos priorizar y sostener por muchos años para producir resultados efectivos de reducción de la pobreza.
Hay otro segmento importante de nuestra población que está ya encaminada con su trabajo y esfuerzo propio a su desarrollo mediante la realización de su potencial. Me refiero a grupos suburbanos de ingresos medios y bajos, pero por encima de los niveles de pobreza.
Incluye un alto porcentaje de la población ubicada entre San Miguelito y la 24 de Diciembre por un lado, hacia Chilibre por otro, y entre Arraiján y La Chorrera. Estos son núcleos humanos mejor estructurados, con mayor capacidad propia para progresar y participar, que no reciben servicios públicos adecuados que complementen su esfuerzo propio para prosperar.
Por ejemplo, entre San Miguelito y la 24 de Diciembre, donde viven más de 600 mil panameños, 20% del total nacional, la población carece de servicios adecuados de transporte, educación, agua potable, Seguro Social, seguridad ciudadana. Los niveles de estos servicios fluctúan entre barrios pero son deficientes en la mayoría de los casos.
Los residentes en las áreas suburbanas y satélites mencionadas ubicadas al este, oeste y norte de la ciudad confrontan por tranques vehiculares el uso de más de cuatro horas diarias para ir y regresar del trabajo; demoras prolongadas para conseguir citas médicas y para cirugías en la Caja de Seguro Social (CSS); con frecuencia, disponibilidad interrumpida de agua potable; niveles considerables de deserción de estudiantes adolescentes del primer ciclo escolar y escuelas deficientes; irregularidades en la recolección de la basura; creciente inseguridad en las calles con focos de criminalidad, movimiento de drogas y de pandillas juveniles. Hay una problemática social de consideración con el denominador común de servicios públicos deficientes.
El problema de la deserción escolar es delicado. Adolescentes que por falta de interés, desatención en la escuela, falta de nutrición, ausencia en el hogar de padres trabajadores u otros motivos dejan la escuela y quedan a la deriva, siendo con frecuencia estimulados a unirse a pandillas callejeras e incluso al tráfico de drogas. La falta de actividades sanas y constructivas, como deportes organizados y otras actividades sociales en las comunidades, a veces por falta de espacio e infraestructura constituyen un cuadro trágico de pérdida de potencial humano.
El Meduca ha comenzado a abordar el tema. La atención médica en la CSS no satisface la demanda. La espera para conseguir citas y la demanda, con frecuencia de meses, para tener cirugías impostergables son conocidas, y estas afectan más a la población suburbana citada de niveles económicos medios y bajos que usan los servicios de la CSS. Muy a tiempo la actual administración ha iniciado un esfuerzo para mejorar y modernizar esos servicios en cantidad y calidad.
Las deficiencias del transporte público son conocidas y las carencias de vías urbanas adecuadas y baratas causan pérdidas de más cuatro horas diarias en el movimiento de residencia al trabajo y viceversa. Un alto costo personal para los afectados, para la economía, para la competitividad del país y para la calidad de vida familiar de los afectados, con sus hijos en espera de sus padres. Ojalá las acciones anunciadas por el Gobierno para mejorar el transporte público y la vialidad contribuyan a mejorar la situación.
La seguridad personal en las calles y el movimiento de drogas afecta más esas áreas suburbanas y su población. No sorprende que este sea el problema social más señalado en las encuestas públicas. Unido a la escasez frecuente de agua en muchas barriadas al este y oeste de la ciudad y a las deficiencias en la recolección de basura, sin áreas recreativas y sociales adecuadas, ilustran la situación de necesidad de mejores servicios públicos.
El crecimiento suburbano ha rebasado peligrosamente la capacidad de los servicios públicos. Visto en su conjunto por su efecto integral, se necesita un esfuerzo enfocado, incluyente, completo, sistemático y mancomunado entre gobierno y comunidades, basado en información real y en técnicas modernas para reducir la creciente brecha. El Gobierno ha iniciado varios programas para responder a la problemática. La empresa privada ha demostrado que puede contribuir con la construcción de barriadas más modernas, aunque aún carentes de áreas sociales adecuadas y con frecuencia faltas de estética paisajista. Hay maneras de abordar mejor las deficiencias multidimensionales señaladas y aún estamos a tiempo para hacerlo. Requiere el apoyo de todos.
