Al fin ha saltado a la luz lo que es notorio desde hace décadas: el grave problema de los excesos de la publicidad en la vía pública que nos afecta cada día más a todos. Hace algunos años realicé investigaciones sobre dicha publicidad y llegué a la conclusión de que las vallas se han convertido, en su mayor parte, en un atentado visual en contra del ambiente y en un peligro para los automovilistas.
El 26 de octubre de 2002 en nota que en calidad de asesor ad honórem dirigí al presidente de la Asamblea Legislativa, Laurentino Cortizo, y para responder a su requerimiento, adjunté un documento con elementos susceptibles de servir de base a un anteproyecto de ley, inspirado en la normativa más avanzada y moderna que ha sido adoptada en países de la Unión Europea y que se ha extendido a todo su territorio; normativa semejante pareciera estar comenzando a adoptarse hasta en Costa Rica y Colombia. En esa ocasión, la Asamblea no pudo actuar, al parecer, triunfó la mafia político-económica de los empresarios de las vallas –que se añade a las de los transportistas y otros elementos nefastos de nuestra sociedad, quienes actúan en contubernio con ciertas autoridades– y desde entonces la situación se ha agravado notablemente.
En aquella ocasión me preguntaba: ¿por qué llenamos el país de letreros y de estructuras ruinosas que afean nuestros paisajes?, ¿cuántas tragedias humanas no se habrían registrado si se hubiese legislado, con oportunidad, en el tema de las vallas publicitarias en las carreteras nacionales?, ¿cuánto luto no se hubiese evitado si se hubiesen adoptado las normas que se aplican en los países más desarrollados que vivieron, anticipadamente, lo que experimentamos hoy en Panamá?, ¿cuántos recursos se han perdido a causa de los accidentes automovilísticos de distracción provocados por vallas? La respuesta la vemos a diario en los titulares de la crónica roja y en la sensación de hastío de los visitantes, panameños y extranjeros, que no comprenden cómo un país puede hacer esfuerzos para atraer turistas y ocultar, desde sus carreteras, la belleza de su medio natural.
Es verdad que tanto municipios como empresas publicitarias encuentran ingresos en la instalación de dichas vallas y letreros y que esa actividad genera empleos. Pero también actividades nefastas, fuera de la ley, como la venta sin cortapisas de productos dañinos crean puestos de trabajo y producen ingresos a ciertos empresarios y a ciertas colectividades locales. Sin embargo, la restricción de la publicidad en consonancia con el bien público, no hará que desaparezca por completo. Esta publicidad se redirigirá hacia otros soportes que no produzcan daño a la colectividad y a las personas, tal como ha sucedido en otros lugares en donde se ha legislado en el sentido apropiado. El resultado final será que, después de un período de ajuste, se mantendrán los mismos ingresos y el mismo número de empleos. Los municipios pueden encontrar fuentes de recursos alternativas al ver que sus riquezas patrimoniales, sus paisajes, sus monumentos y sus sitios son cada vez más atractivos para los visitantes y los turistas. Entendemos que otros países del área, como Costa Rica, se han adelantado y han adoptado legislación sobre esta materia que deberá aplicarse a toda el área centroamericana.
Espero que la administración del presidente Martinelli otorgue al tema la importancia que merece. Una forma concreta de enfrentar el problema es mediante la adopción de legislación, tal como ha sido probado en otros países, sobre la publicidad en vallas y letreros para reordenarla de manera más racional, en consonancia con las necesidades prioritarias de seguridad de las personas y de protección del ambiente. Creo que la denuncia de una situación negativa es necesaria, pero es mejor si va acompañada de una propuesta de solución. En consecuencia, he enviado a varias autoridades, nacionales y municipales, la documentación reunida desde hace años que pudiese servir de base a un anteproyecto de ley que regule la materia, cuya urgencia es más que evidente.
