Cuando se discutía el proyecto de las reformas en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, un buen día recibimos la sorpresa de un grupo de jóvenes, todos alumnos del Centro de Educación Básica General Clelia F. de Martínez, de Penonomé, que hicieron una presentación magistral contra el aumento de los subsidios a los partidos políticos, pagados con fondos públicos. A propósito de ella, escribí un artículo, bajo el título “Una ráfaga refrescante y esperanzadora”, que fue publicado por La Prensa, el día 12 de julio de 2015.
En la edición de este diario del pasado domingo, 3 de abril, una noticia da cuenta de que los jóvenes estudiantes coclesanos vuelven a pedir que se reduzcan los subsidios a los partidos y que el dinero que se les reste sea destinado a salud, educación, vivienda y comida para los más desamparados.
El día de su presentación, así lo registran las actas de las sesiones, en mi condición de representante de la Fiscalía General Electoral solicité y le fue tributado un aplauso de pie a los jóvenes coclesanos y a sus mentores que los ayudaron a preparar su enjundiosa y certera presentación. Sin embargo, su demanda tuvo poco efecto en la decisión que finalmente empujaron los partidos, con su mayoría de votos, para seguir aumentando los subsidios electorales que, como se calculan sobre una base porcentual aplicada a los ingresos corrientes del gobierno central, que crecen todos los años, para el próximo proceso electoral sobrepasarían, con creces, los 100 millones de dólares que, comparados con los $15.3 millones de su monto inicial, los aumentaría un 700%.
Las reformas electorales aún están pendientes para su discusión en primer debate y, por tanto, el tema de los subsidios aún podría ser revisado. Sin embargo, las perspectivas no son esperanzadoras. Y la razón es que todo el revuelo que se levantó cuando los medios de comunicación pusieron a funcionar su capacidad de presión ha estado enfocada a que se remuevan aspectos relacionados con la libertad de expresión, el control o la excesiva supervisión que sigue intentado atribuirse el Tribunal Electoral o la duración de las campañas políticas. Esos aspectos son sin duda, importantes, pero el de los subsidios, que es tanto o más medular, no mereció atención alguna.
Los diputados en la Asamblea tampoco están preocupados por los subsidios. Sus preocupaciones están, esencialmente, centradas en asegurarse mejores posibilidades de ser reelectos. Para nada les interesa considerar que se rebaje su desorbitado monto. En artículos anteriores he explicado que ese tema tuvo una génesis deliberadamente distorsionada, con la tergiversación que el Código Electoral hizo del texto constitucional. El artículo 141 dice que el Estado “podrá contribuir a los gastos en que incurran las personas naturales y los partidos políticos en los procesos electorales. La ley determinará y reglamentará dichas fiscalizaciones y contribuciones, asegurando la igualdad de erogaciones de todo partido o candidato”.
Las normas del Código Electoral, que supuestamente debían desarrollar el texto constitucional no se atuvieron a su claro tenor literal, sino que lo ignoraron y fueron redactadas con el propósito específico de favorecer a los partidos políticos, haciéndolos obligatorios, con un crecimiento exponencial y convirtiéndolos en permanentes. La mención que en ellas se hace a las personas naturales, que pareció intencionada a abrir posibilidades a las candidaturas independientes, nunca se concretó en ese sentido, sino todo lo contrario.
Es positivo que, según trasciende de los matraqueos que se dan a lo interno de la Asamblea, el debate de las reformas se posponga para la legislatura de julio-octubre; pero solo lo será finalmente si, aparte de revisar los aspectos que responden a los intereses personales y sectarios de los diputados y sus partidos, el debate se abre a la participación ciudadana para lo que serán necesarias las tribunas que pueden ofrecer los medios de comunicación masiva y que estos, además de interesarse en los asuntos que pudieran afectar su campo de acción, también se involucren en la campaña para reducir los subsidios electorales.
El valiente grupo de los estudiantes coclesanos, cuyas edades oscilan entre los 15 y los 16 años, y su empeño para traer atención sobre el absurdo aumento de los subsidios electorales debiera ser un aldabonazo que despierte la conciencia de otros sectores de la sociedad para que asuman un mayor protagonismo en el tema. Dejarlos solos en su justo clamor es, además de injusto, un imperdonable acto de irresponsabilidad ciudadana.
