Hay cierta justicia poética en el hecho de que sea la Asamblea Nacional quien haya puesto en la agenda pública, una terrible realidad que no es nueva. Y es que la penosa situación de muchos albergues donde son literalmente depositados los niños y adolescentes, es el resultado de la ausencia de un sistema integral de protección de nuestros niños. Un sistema que nuestros diputados se han negado a crear.
Por ello, hay que alegrarse del megáfono legislativo que ha logrado que la sociedad se indigne y exija rendimiento de cuentas a los responsables inmediatos del drama. Sin embargo, es preciso despejar la hojarasca y reflexionar sobre las causas de esta tragedia, así como de nuestras responsabilidades como sociedad.
Empecemos por incluir en el análisis datos que no forman parte del informe hecho público por la subcomisión de la Asamblea. El 23 de agosto de 2019, la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia (Senniaf), cerró un albergue en Panamá Oeste y presentó una denuncia por agresión sexual. Fue el primer caso detectado en esta Administración, pero hubo al menos diez más. Hasta ahora, nada sabemos del destino de esas denuncias.
Y ya que estamos por los predios de la Administración de Justicia, hay un dato importante: el Código de la Familia (artículo 755, numeral 4) establece que el Tribunal Superior de Menores tiene entre sus funciones, inspeccionar periódicamente los establecimientos destinados a custodia, protección y educación de menores. Parece evidente entonces que también en este tema, la justicia panameña ha fallado.
El manejo de los menores en conflictos o abandonados no es una tarea fácil. Requiere personal técnico y especializado, que no esté sujeto a la inestabilidad típica de nuestra política clientelar; instituciones que trabajen de forma coordinada a nivel nacional y local, políticas públicas claras, recursos suficientes. Panamá no tiene nada de eso.
En 2007 se produjo un primer intento de crear un sistema nacional de protección de la niñez y adolescencia, pero los diputados se rindieron al lobby de quienes no creen que los niños y adolescentes son sujetos de derechos. Para ese poderoso lobby - formado por fundamentalismos religiosos varios- era más importante impedir que nuestros chicos más vulnerables recibieran educación en salud sexual y reproductiva, que protegerlos.
Entonces, desgajado del sistema que establecía el proyecto de ley que no pudo ser, se creó la Senniaf en 2009. Ideada para funcionar como parte de un sistema, surge a la vida en solitario, con un presupuesto ínfimo para cumplir la tarea, y sometida a los vaivenes del clientelismo electoral.
Tal como lo señala el informe de la Asamblea, “la institucionalidad del país se ha visto diezmada en materia de niñez y adolescencia por…. la politización de la Senniaf, una inversión pública en niñez insuficiente, de poca calidad y efectividad….. La evidente desprofesionalización en Senniaf repercute negativamente sobre la capacidad de intervención de un grupo importante de los servidores públicos que trabajan en la institución, entre otras cosas porque… están sometidos a una inestabilidad sostenida….”.
Evidentemente la Seniaff no se “desprofesionaliza” sola. Es el resultado de convertir la planilla estatal en botín de los partidos y de los diputados.
En 2018 se volvió a presentar un proyecto para crear el sistema de protección que tanto urge. Fue un documento que pasó un intenso y exhaustivo proceso de consulta previa, pero tuvo la misma suerte: la indiferencia de la Asamblea Nacional.
Simplificando mucho, en un sistema integral, un niño que fuera enviado a un albergue por un juez que considera que debe alejarlo de su entorno familiar, no quedaría exclusivamente en manos de los administradores del albergue, sino que entraría bajo la tutela de una red de instituciones a nivel nacional y local, que deben garantizar que reciba protección, educación, atención médica -física, emocional y especial si es discapacitado-, seguimiento por parte de instancias locales, etc. Y, sobre todo, el sistema trabajaría para sacarlo del albergue lo antes posible, llevándolo a hogares de acogida. Todo eso no lo puede hacer la Senniaf sola, pero ese es el sistema que tenemos y que hemos permitido.
Este complejo drama incluye el espinoso asunto de las adopciones. La inexistencia de un sistema de protección, permite la opacidad de los procesos actuales.
Ahora, entre el escándalo, la indignación y las manipulaciones para desviar la atención del centro del problema, la diputada Corina Cano se saltó la fila para presentar un nuevo proyecto con el alegado propósito de crear un sistema de protección. Se trata de la misma diputada que ha intentado obligar la inscripción de los no nacidos, como parte de su oscura agenda fundamentalista. El drama se profundiza.
Es preciso entonces hacer un alto y calibrar la mira. El dedo acusador se está quedando corto.
La autora es periodista, abogada y activista de derechos humanos
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