Según el Banco Mundial, la corrupción es sin duda el mayor obstáculo para el desarrollo económico y social de un país.
Para que tengamos una idea de cómo nos afecta la corrupción en la administración pública en Panamá veamos algunas cifras redondas y aproximadas. Si bien es cierto que el desembolso –incluyendo gasto, servicio a la deuda e inversión– total del Estado se ha mantenido estable en proporción al crecimiento del producto interno bruto, debimos aprovechar el crecimiento para crear una administración más eficiente, en vez de una burocrática y abultada estructura que gastará más.
El Estado desembolsó alrededor de 150 mil millones de dólares en los últimos tres lustros, distribuidos de la siguiente forma: $28 mil millones durante el quinquenio fiscal del año 2000 a 2004; $43 mil millones entre el año 2005 y 2009 y, $79 mil millones de 2010 a 2014.
Transparencia Internacional le da a Panamá un puntaje de 37 sobre 100 en corrupción, o 1.8 sobre 5. En comparación con otros países, Panamá ocupa el sitio 94 de 174. De allí que se calcula que los dineros perdidos por corrupción representan aproximadamente el 5% del total del desembolso del Estado; esta cifra es de $800 millones anuales o $4 mil millones de dólares en los últimos cinco años y podríamos estimar que más de $10 mil millones en los últimos 20 años.
En otras palabras, se calcula que con los dineros perdidos por corrupción en las dos últimas décadas se hubieran podido realizar casi dos expansiones al Canal de Panamá, seis líneas de metro, 11 puentes sobre el Canal, 10 mil escuelas, 2 mil centros de salud equipados, 200 mil viviendas dignas, acueductos y sanidad en toda la república, transporte público metropolitano eficiente o una buena combinación de todas las obras mencionadas.
En términos de deuda pública, solo si hubiésemos contado con gobernantes honestos en los últimos 20 años, la deuda sería $10 mil millones menor al monto actual de $25 mil millones, incluyendo los proyectos llave en mano. En intereses promedio pagamos el 5.4%, lo que representa $540 millones por año por los dineros perdidos en corrupción. Es decir que con el dinero que se desembolsa en intereses –a causa del dinero hurtado– podríamos hacer 540 escuelas por año.
La corrupción en la administración pública no solo afecta de forma directa las arcas del Estado, a esto hay que sumarle el tráfico de influencias, las concesiones (mal negociadas) para la explotación de recursos naturales, la venta desventajosa de las tierras nacionales, las coimas y la ineficiencia.
Pero la corrupción va mucho más allá de hurtar los dineros de todos, también roba las oportunidades de salud, educación, cultura, deporte y bienestar de los menos afortunados. La corrupción asesina a quienes no tuvieron las facilidades médicas disponibles cuando las necesitaban. Esta es producto del deterioro y distorsión de las prioridades humanas, lo que desemboca en una grave y peligrosa crisis de valores. También es producto de la impunidad que insulta a los ciudadanos, en una sociedad en la que no existe la certeza de castigo y crea hijos que le escupen la cara a su madre. La impunidad es la raíz de la soberbia y esta, a su vez, es motivo de la indignación y repugnancia que luego se convierten en odio. Cuando este odio se vuelve colectivo desemboca en la violencia y en el desorden público.
De forma que, la corrupción y la impunidad, sin certeza de castigo son la fórmula perfecta para desestabilizar a la sociedad.
Estamos a tiempo de cambiar el rumbo de la patria y de caminar por el sendero de la transparencia y la honestidad. Juntos podemos vivir felices en una sociedad fundamentada en el desarrollo humano, con institucionalidad, equidad, educación y cultura. Condiciones que solo se logran mediante la aplicación de justicia, porque sin esta nunca habrá paz social. #TodosSomosUno
