Reflexiono con preocupación, como otros compatriotas, sobre la inseguridad reinante y la incapacidad de los organismos de seguridad para protegernos contra el crimen, dentro del marco de la legalidad y la institucionalidad democrática.
En su discurso ante la Asamblea Nacional (2 de enero), el Sr. Cortizo admitió: “el año pasado hubo 39 homicidios más que en el año anterior.” Pero, como para maquillar ese deslucido panorama, arguyó que en 2019 “la Fuerza Pública rompió el récord histórico de confiscación de droga con 80 toneladas.”
“Bien chequeado” reveló que la afirmación del Sr. Cortizo era falsa, pues “el récord histórico de confiscación de droga” se alcanzó en 2017, cuando fueron decomisadas 84.6 toneladas (TVN, 3 de enero). Más allá de cuál gobierno ganó la competencia de confiscaciones, ¿qué nos importa quién triunfa en ese certamen, si los organismos de seguridad se llevan la droga (probablemente, para traficarla) y nos dejan la violencia?
Es evidente que la Fuerza Pública carece de motivación y voluntad para combatir el crimen. Lo que motiva a muchos de sus miembros es el deseo de pescar en río revuelto: aprovechar la creciente inseguridad y el desarreglo institucional para obtener ganancias personales.
Un mandatario cabal e inteligente hubiese planteado la necesidad de sanear una Fuerza Pública que, en vez de garante de la seguridad ciudadana, es auxiliar del crimen organizado y plataforma para la coima y la extorsión. Tal cual lo señaló La Estrella de Panamá en su editorial de ayer (7 de enero), el proceder de los organismos de seguridad, “lejos de garantizar su estabilidad, respeto, disciplina y admiración”, los ha “convertido en entes proclives a la corrupción, al juega vivo, a la indisciplina.”
Si algo dejó en evidencia la matanza de La Joyita, es el grado de penetración del crimen organizado y la enorme corrupción en los servicios de seguridad (La Prensa, 23 de diciembre). Sin la complicidad de la Policía Nacional y el cuerpo de custodios penales, no hubiese sido posible ingresar armas de grueso calibre en el recinto penitenciario, como tampoco sería posible efectuar los innumerables trasiegos que tienen lugar en las cárceles (La Estrella de Panamá, 19 de diciembre).
Recordando que el mal “viene de años”, el editorial de La Estrella hace un llamado urgente a “una purga general en los entes de seguridad”, pues “en algunos casos nos encontramos con agentes de rango trabajando para los delincuentes.” La corrupción en los organismos de seguridad es, sin duda, un problema histórico que Panamá, a cargo de políticos y dictadores venales, no ha querido superar.
En los años de 1930 y 1940, a medida que la Policía Nacional se fortalecía y compactaba, aumentaba su intromisión en la política, de la mano de su participación en actividades ilícitas. El comandante (luego, presidente) Remón, a quien algunos han ponderado en estas páginas con motivo del 65º aniversario de su asesinato (1955), se hizo millonario a partir de su involucramiento en negocios turbios, como lo documentó, en su libro, el profesor Pippin (The Remón Era, 1964). Tras su muerte, Vallarino, Torrijos, Paredes y Noriega seguirían sus pasos.
En 1968, la Guardia Nacional tomó el poder para proteger y promover los negociados ilegales que abultaban los bolsillos de su oficialidad: el contrabando de armas y drogas, el tráfico de personas con fines de explotación sexual, la lotería clandestina, la extorsión y el espionaje. Según el memorándum del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, fechado el 14 de septiembre de 1977, varios miembros de la Guardia Nacional, incluyendo a algunos de sus jefes, vendían valiosa información a los servicios estadounidenses de inteligencia.
Esta cultura de corrupción incrustada en la Fuerza Pública pasó agachada durante los años iniciales de la democracia. Pero la militarización de la seguridad pública impulsada por Martín Torrijos (2004-2009), contribuyó a entronizar la ilegalidad, arbitrariedad y venalidad hasta llegar a los niveles inéditos de descontrol que son el caldo de cultivo de incidentes como el de La Joyita.
Para considerar la trayectoria de la militarización corrupta y sus consecuencias, en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) habrá un coloquio el jueves, 16 de enero, a las 7 pm. El evento es gratuito y abierto a todo el público.
El autor es politólogo e historiador y director de la Maestría en Relaciones Internacionales en Florida State University, Panamá
