Renunció el ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Ferrer, quien no dio explicaciones sobre su dimisión (La Prensa, 3 de diciembre). Circularon rumores acerca de anomalías en el servicio exterior y de las intenciones del canciller de presentar una denuncia penal, a lo que se opuso un alto cargo de elección popular, enquistado en el círculo cero.
De acuerdo con La Estrella de Panamá (7 de diciembre), un embajador panameño, allegado al influyente funcionario, “estaría siendo investigado por supuestas irregularidades”, específicamente, por un “negociado con pasaportes” y tráfico de personas.
El uso del servicio exterior como plataforma para la corrupción tiene larga trayectoria en Panamá. La narcodictadura de los militares y el Partido Revolucionario Democrático (PRD) convirtieron al servicio exterior en una caja registradora.
Además de la venta de consulados al mejor postor –incluyendo a narcotraficantes, criminales internacionales y truhanes de la peor calaña– uno de los delitos más difundidos era la venta de pasaportes panameños, principalmente a asiáticos, desesperados por salir de sus países de origen, donde sufrían los rigores de la marginación, la pobreza y la represión.
Díaz Herrera, alto jerarca de las Fuerzas de Defensa hasta que Noriega lo botó en 1987, confesó haber lucrado del trasiego de cubanos (La Estrella de Panamá, 25 de abril de 2011). Mencionó, además, otros crímenes abominables, como el asesinato de Hugo Spadafora por criticar la narcocorrupción del régimen al que pertenecía el propio Díaz y el asqueroso fraude electoral que en 1984 impuso en la presidencia al usurpador Nicolás Ardito Barletta.
Derrocada la narcodictadura militar, en vez de erradicar la nefasta corrupción, los gobiernos de la “democracia” la continuaron y promovieron. Por eso, cuando altos personajes del oficialista PRD –entre ellos, un pariente de Díaz Herrera– avalan con entusiasmo el fraude electoral venezolano del pasado domingo (La Prensa, 8 de diciembre), no podemos menos que suponer que la aberrante proximidad entre el perredismo y el narcochavismo se afinca en el denominador común de la corrupción.
De acuerdo con Transparencia Internacional (TI), Venezuela, sometida al narcochavismo, es el país más corrupto de América y el quinto país más corrupto del mundo. Tiene un puntaje de 16 sobre 100 en el índice de percepción de la corrupción de TI (2019).
El de Panamá es 36 sobre 100. De 180 países clasificados, 102 son más transparentes que Panamá; 77 son más corruptos (https://www.transparency.org/en/cpi/2019/results).
En otras palabras, la mayoría de los Estados del mundo son menos corruptos o, dicho de otra manera, Panamá está entre los países más corruptos del planeta.
Según esta medición, en casi dos décadas, nunca hemos alcanzado los 40 puntos sobre 100 y nuestro puntaje viene en picada desde 2015, cuando obtuvimos 39 puntos. Semejante podredumbre es el principal legado de la narcodictadura torrijista, que elevó la corrupción a política de Estado y sometió a sus designios a todos los órganos del poder público.
Particularmente lamentable, fue la entrega del sistema judicial a la corrupción, orquestada por los militares. Treinta años después del derrocamiento de la tiranía, el Ministerio Público y el Órgano Judicial siguen operando según los códigos de la corrupción.
Entre tanto, algunos se quejan de la inclusión de Panamá en “listas negras”. La inoperancia y corrupción del sistema judicial proveen la excusa perfecta para que nos apliquen todas las sanciones imaginables, mientras unos cuantos avivatos se siguen enriqueciendo de la perversa dinámica del soborno, la venalidad y la rebusca.
De esa dinámica forma parte la simulación de los gobernantes, quienes cada cierto tiempo realizan ridículas declaraciones a favor de la transparencia. Meses atrás, dijo el Sr. Cortizo: “A mí me interesa tener un gobierno transparente, cero corrupción, por supuesto, pero nos interesa que los casos de corrupción sean castigados y sean investigados” (La Prensa, 2 de junio).
Poco después, The Economist Intelligence Unit (EIU) –una de las principales fuentes internacionales de análisis político– indicó que el gobierno de Cortizo ha “sucumbido a la corrupción”. EIU destacó las críticas a personajes del entorno de Cortizo por su presunta participación en actividades de dudosa transparencia y compras atiborradas de inexplicables sobrecostos (EIU, 16 de julio).
Irónicamente, Panamá es signataria de la Convención Americana contra la corrupción de 1996 (ratificada en 1998, durante uno de los corruptos gobiernos del PRD) y de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción de 2003 (ratificada en 2005, durante otro de los corruptos gobiernos del PRD).
La ratificación de instrumentos internacionales contra la corrupción también forma parte de una pervertida dinámica en las que participan diputados, gobernantes, fiscales y jueces panameños, quienes en esta fecha –Día Internacional contra la corrupción, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 31 de octubre de 2003– se mueren de la risa ante los esfuerzos mundiales por combatir una lacra que tanto daño hace, sobre todo, en tan difíciles momentos de crisis global.
El autor es politólogo e historiador y dirige la maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá.
