Con el fin de fortalecer las finanzas estatales de Colombia de cara a los impactos económicos de la pandemia y el financiamiento de los planes sociales para enfrentarla, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de este país presentó recientemente una propuesta de reforma fiscal con la busca recaudar en promedio el equivalente anual a $6,850 millones entre los años 2022 y 2031.
Si bien representantes de casas calificadoras como Fitch Ratings y Moody’s ven puntos positivos que potencialmente ayudarán a Colombia a estabilizar sus finanzas y reducir su deuda, esta propuesta, llamada Proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible, incluye el gravamen de 19% del Impuesto al Valor Agregado (equivalente al ITBMS panameño) sobre servicios públicos, alimentos y medicinas para las franjas de ingreso más alto, y ampliar la base de contribuyentes a través de la reducción escalonada a aproximadamente $500 del monto mínimo imponible a los ingresos de los ciudadanos, así como otros aumentos escalonados en impuestos.
Tal como muchísimos otros países en la región, Colombia ha visto su recaudación fiscal impactada, pero, ¿es aumentar los impuestos realmente el camino a seguir? La respuesta sencilla es “no”.
Al igual que los aumentos bianuales del salario mínimo, estos incrementos de impuestos dan inicio a una cadena de aumentos en los costos para los comercios, los cuales a su vez son traspasados al consumidor final. Así mismo, la tasación excesiva desincentiva la generación de riqueza y castiga la productividad.
En el caso puntual de la reforma colombiana, estas medidas se ensañan particularmente con la clase media, a través del incremento de los precios de los bienes y servicios, encareciendo aún más el costo de la vida en momentos de alta vulnerabilidad e incertidumbre para las familias y empresarios grandes y pequeños.
Si bien en Panamá solo por la Covid-19 ya tenemos una deuda de casi $8,000 millones entre bonos, líneas de crédito y préstamos de distintas entidades multilaterales, afortunadamente no tenemos indicios de iniciativas fiscales similares a la de Colombia. Esto, aunado al levantamiento de restricciones, la sanción de leyes como la de prestación de servicios de manufactura (EMMA) y la creación de nuevas zonas francas, representa un buen augurio para la recuperación económica.
Aún no sabemos qué camino seguirán nuestros vecinos con respecto a esta propuesta de reforma tributaria, pero sí sabemos que nos toca vigilar que el gobierno continúe impulsando medidas que estimulen el libre mercado y la prosperidad de las familias panameñas, así como el uso correcto, efectivo y eficiente de los fondos que se nos han confiado para volver a levantar a Panamá.
La autora es miembro de la Fundación Libertad
