En julio de 2019, solo unos días después de sentarse en su silla como nuevo ministro de Seguridad, Rolando Mirones anunció al país su intención de tomar control del Sistema Penitenciario, con la creación de una “policía penitenciaria especializada”.
La sorprendente afirmación solo podía deberse a su desconocimiento de los avances institucionales logrados el pasado quinquenio, con el liderazgo de la exministra de Gobierno y experta en el tema, María Luisa Romero (¿no habrá visto el informe presentado por el exministro Carlos Rubio, al entregar el despacho?), o simplemente se trataba de un caso más del nefasto “borrón y cuenta nueva” que se produce con cada cambio de administración, con la consecuente pérdida para el país y sus instituciones.
Mientras tanto, en ese reparto del pastel que forma parte del juego político criollo, el Ministerio de Gobierno quedó en manos del Molirena, ese partido que nació aglutinando a varios sectores liberales y conservadores antes de la caída de la dictadura militar, y que hoy es el perfecto ejemplo de una estructura meramente clientelar sin brújula ideológica alguna.
Como consecuencia, la planilla del Ministerio de Gobierno se convirtió en uno de los botines del partido. Y como los botines son para repartirse, el personal técnico capacitado para darle seguimiento a los programas vinculados con el proceso de modernización del Sistema Penitenciario en marcha, tuvo que hacer sus maletas para dar paso a los militantes del partido.
Como consecuencia de esa barrida de personal, los cimientos aún frágiles de una reforma penitenciaria tantas veces postergadas, se fueron viniendo abajo.
Seis meses después de tanta insensatez, se produjeron los terribles sucesos en el Centro Penitenciario La Joyita, con el trágico desenlace de 13 muertos y 14 heridos. Solo habían pasado seis meses desde el cambio de administración.
Tras la alarma general, las promesas de investigaciones para que “caiga quien caiga” y las suspensiones temporales de los funcionarios encargados, el ministro Mirones retomó con fuerza su plan reconvertido en medida de urgencia. Nada como un hecho de violencia que no fue atajado a tiempo, para lograr mayor control y poder. Nada como el miedo para producir resultados.
Ahora que sabemos que lo sucedido es “culpa de las pasadas administraciones”, el plan Mirones avanza imparable, ignorando y pisoteando el trabajo realizado por el equipo liderado por María Luisa Romero en el Ministerio de Gobierno. Un trabajo que permitió sentar las bases para la transformación de un nefasto y vergonzoso sistema penitenciario, que había investigado y estudiado a fondo por años. Un proceso que es lento y complejo, que requiere muchos recursos, conocimiento, compromiso y estabilidad. Un proceso que nada tiene que ver con las medidas efectistas anunciadas por el ministro Mirones.
La exministra Romero dejó vigente la Carrera Penitenciaria (Decreto Ejecutivo 180 de 2017), el Código de Ética para servidores penitenciarios (Resolución 111-R-73 de 2017) y el Régimen Disciplinario de Carrera Penitenciaria (Resolución 141-R-99 de 2017). Son documentos que no parecen conocer los nuevos funcionarios, que aseguran que la masacre de La Joyita sucedió por un sistema “degenerado, permisivo y con pocos controles”. Los controles existen, solo requieren funcionarios competentes que los implementen.
La intención de crear un servicio de seguridad penitenciaria, parece ignorar el proceso de profesionalización del personal técnico y los custodios iniciado a través de la Academia de Formación Penitenciaria, creada con la asesoría técnica de varios gobiernos de la región. El proceso incluyó la creación de juntas colegiadas encargadas de supervisar, evaluar y sancionar al personal. ¿Qué habrá sido de ellas?
El proceso puesto en marcha a partir de 2017, dio sus primeros frutos con la inclusión de 753 custodios en la Carrera Penitenciaria. Se trata de una cifra que el ministro Mirones critica sin cesar, en vez de tomarla como lo que es: un primer grupo formado que debe ser aumentado, mediante un procedimiento ya establecido.
Los exitosos programas de rehabilitación de los privados de libertad, que formaban parte esencial del proceso de reforma del sistema, también han sufrido las ruindades del clientelismo. Se trataba de “Mi silla primero”, con el Ministerio de Educación, para la reparación del mobiliario de las escuelas; “Mi voz para tus ojos”, con la Secretaría de Discapacidad, para grabar audiolibros; “Ecosólidos”, creado por reclusos para el manejo de los desechos; “Integrarte”, primera marca penitenciaria panameña de ropa y productos artesanales; la obra de teatro Detrás del Muro, realizada con mujeres del Centro Femenino de Rehabilitación, y el convenio con la Universidad de Panamá para la obtención de títulos universitarios.
Sobre ellos nada se sabe, solo que las nuevas autoridades parecen desconocer su existencia, lo logrado y su potencial.
Si hubiera elegancia, los nuevos funcionarios tomarían la posta para continuar por la senda que empezó a construirse, afinando lo que se requiera, cambiando lo que se necesite, añadiendo lo que crean necesario. Podrían hacerlo sin destruir, sin pisotear, como han hecho otros jefes de cartera. Pero para eso se requiere elegancia.
La autora es periodista, abogada y directiva de la Fundación Libertad Ciudadana
