Cuando el Grupo Unidos por el Canal (GUPC) –unidos para que su provecho fuera más apropiado– suspendió las obras de la ampliación y exigió el pago de sobrecostos, por más de $1,600 millones, el administrador Quijano amenazó con rescindir el contrato, reemplazar el contratista y sancionarlo por los atrasos en la obra, con multas diarias de $300 mil. Quijano también dijo que, como los términos del contrato eran más claros que el más claro día del verano, los intereses nacionales estaban blindados contra cualquier intento de abuso del GUPC.
Lo que el administrador no dijo, entonces, era que el GUPC se había reservado un as, protegiéndose con un derecho exclusivo sobre las compuertas, el componente más importante del proyecto. Estas fueron contratadas por el GUPC y solo este podía reclamarlas a la empresa encargada de fabricarlas. Y que tenían la sartén por el mango quedó comprobado cuando se conocieron los términos “del arreglo” suscrito para que el GUPC reanudara los trabajos. Si no, veamos:
Se les prorrogó el plazo para la entrega de la obra, sin penalidad alguna.
Se les pospuso, hasta 2018, la devolución de los adelantos a cuenta que, por más de $800 millones, le entregó la ACP y, que como vino a quedar en claro, no estaban justificados, ya que el contratista cobró el 90% del precio total convenido, cuando apenas había completado el 60% de los trabajos.
Se le proveyó de nueva liquidez, de la que carecía, para que pudiera continuar con los trabajos.
Se le relevó de la fianza de cumplimiento y se le autorizó a utilizarla como aval para obtener financiamientos adicionales.
No se le exigió que fijara un tope ni que renunciara a futuros reclamos por sobrecostos.
La ampliación no estuvo para octubre de 2014 y plagada como está de complicaciones que parecen no tener fin, es imprudente, como lo hace Quijano, seguir hablando como si todo anduviera sobre ruedas. Por la posposición de la fecha originalmente programada para la operación de las nuevas esclusas, los ingresos adicionales del canal ampliado no llegarán para cuando estaban previstos. Por los reclamos de sobrecostos, los hasta ahora presentados y los que seguirá presentando el GUPC, el precio total aumentará, y mucho. Posiblemente rondará los $8 mil millones; pero tanto la ACP como el gobierno siguen evadiendo hablar con claridad.
Irresponsable al cubo es que frente a esas realidades se sigan publicando comunicados, que no vienen a cuenta, en los que se ratifica que en las fechas programadas se pagarán, religiosamente los $2 mil 300 millones que se consiguieron prestados para financiar el proyecto. De eso no cabe duda. Pero lo que no se dice es que mientras se paga esa deuda, el Canal no producirá lo que se pronosticó.
Si esas declaraciones son irresponsables, más lo es que, alegremente, Quijano hable de la construcción para 2030, cuando el canal nicaragüense será una realidad, de “un cuarto juego de esclusas” que costaría cerca de $20 mil millones.
La verdadera situación del proyecto de ampliación, ya no se puede seguir soslayando con anuncios y cuentos. De esos ya estamos cansados. Lo urgente es que de una vez por todas se rindan cuentas, sin tapujos ni subterfugios.
