Cerrado el infame capítulo de la renovación del contrato de Panama Ports, llegaron los viajes para el presidente y su comitiva, “ministro consejero de facilitación de la inversión privada” incluido. Y con ellos, los acuerdos para futuros contratos que, siguiendo la ruta marcada por la negociación con la empresa que opera los puertos de Balboa y Cristobal, prometen beneficios… para algunos pocos.
Allí está como muestra, el memorándum de entendimiento entre Panamá y la empresa de Texas, Energy Transfer, como primer paso para la construcción de dos terminales conectadas a oleductos -una en el Pacífico y otra en el Atlántico-, para la recepción, transporte y exportación de gas licuado de petróleo. Un proyecto que contradice completamente nuestros compromisos con el Acuerdo de Paris, y nos pone del lado equivocado de la historia.
Por lo visto, se trata de otro “hub”, esta vez para distribuir urbi et orbi productos de petróleo, poniendo a disposición nuestra tierra y nuestras costas para que la empresa Energy Transfer pueda expandir sus operaciones. ¡Negocio redondo para los tejanos y sus socios locales!
Resulta que la empresa elegida para tamaña obra, tiene un terrible record en materia de contaminación. Por ejemplo, en 2017 la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos la multó por derramar millones de litros de productos químicos y fluidos de perforación, durante la construcción de un gaseoducto en Ohio, destruyendo entre otras cosas un importante humedal.
Se trata además de la empresa que construyó el controvertido oleoducto de Dakota, fuertemente rechazado y cuya historia sigue escribiéndose.
Un reporte hecho por Greenpeace en 2018, pero basado en datos públicos que abarcan los años 2002 a 2017, señala que en quince años los oleoductos de la empresa han tenido un derrame cada once días. Es decir, 527 derrames en 5,475 días, lo que se traduce en 3.6 millones de galones de líquidos contaminantes, incluyendo 2.8 millones de galones de petróleo crudo.
Estos datos no incluyen otros 2.4 millones de galones de líquidos producidos por las excavaciones, sedimentos y desechos industriales, dejados por la empresa Energy Transfer al construir dos oleoductos en West Virginia, Pensilvania, Ohio y Michigan. El reporte agrega la contaminación del aire y escapes de gas de las tuberías.
El historial contaminante de la flamante empresa tejana, sigue y sigue (los invito a buscar en internet). Da pavor imaginar lo que harían aquí donde no existe una eficiente fiscalización, teniendo en cuenta la magnitud de las instalaciones proyectadas y el gran flujo de productos que pretenden trasegar.
Pero hay más. Los apagones ocurridos en Texas durante las heladas de febrero pasado, que provocaron la muerte de unas cien personas y deudas millonarias para muchos, fue una oportunidad de oro para Energy Transfer que, sin el más mínimo sentido de solidaridad, aumentó enormemente el precio del gas. O pagabas o te congelabas.
Según reportan medios de Texas, el fiscal general del estado está investigando la posible manipulación de precios de los proveedores de gas natural durante esa crisis. La controversia es enorme, pero la flamante comitiva presidencial no parece estar enterada.
A Energy Transfer, además, no le gusta la crítica ni el papel de la ciudadanía organizada en una democracia, ya que demandó a Greenpeace, BankTrack y Earth Firts por su activismo contra la oleoductos.
Dejando de lado el preocupante historial de Energy Transfer, el proyecto va a contracorriente con el papel tan cacareado de “país carbono neutral”.
Como comentaba con lucidez una persona que trabaja en el tema ambiental, “no puedes decir que vendes pollo orgánico en una finca orgánica, y al mismo tiempo vender agroquímicos”. Y exactamente eso es lo que pretende Panamá, con la minería a cielo abierto y ahora con la creación de un centro de distribución de una sustancia que daña al planeta. ¿Apoyamos el Acuerdo de París o no lo apoyamos? ¿Nos preocupa el futuro del planeta o nos es indiferente?
Durante un tiempo, se pensó que el gas natural era un producto menos contaminante, pero ya abunda la evidencia de que no es así. Si bien produce menos dióxido de carbono que el carbón o el petróleo, al extraerlo y transportarlo libera grandes cantidades de metano, uno de los gases que producen el efecto invernadero. En otras palabras, de cuajar el proyecto de Energy Tranfer, nos convertiremos en surtidores de una de las sustancias que más daño le hace al planeta.
Ante la falta de entendederas de quienes impulsan este desacierto, urge que hablen los técnicos. Urge que se pronuncie el Ministro de Ambiente Milciades Concepción y la Directora de Cambio Climático, Ligia Castro. Es urgente que los que “facilitan inversiones” comprendan que no toda inversión es bienvenida. Urge que incluyan el concepto de sostenibilidad cuando van por allí ofreciendo nuestra tierra y nuestros mares. Urge.
La autora es periodista, abogada y activista de derechos humanos
