La Contribución Determinada a Nivel Nacional (CDN1) es una de las principales herramientas de cooperación internacional con las que cuenta Panamá y su meta es la reducción del 24% de las emisiones del sector energía al año 2050; lo equivalente a 60 millones de toneladas de CO2. Solo el sector transporte representa el 47% del consumo energético nacional.
Indirectamente, la enfermedad Covid-19 ha impulsado el debate sobre la movilidad eléctrica, elemento transversal para alcanzar las metas de la CDN1 y fortalecer el posicionamiento internacional de Panamá como una economía carbono neutral. Consecuentemente, interesados a nivel nacional co-crearon una definición vigente y flexible ante escenarios futuristas en el Proyecto de Ley 162, que incentiva la movilidad eléctrica en el país.
Esta propuesta de política pública fue modificada en la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional con base a consensos formulados en debates de alto nivel técnico, algunos ejemplos, los siguientes escenarios:
1. Conscientes de que, gran parte de los trabajadores de transporte público masivo y selectivo son parte del sector informal, ¿Cuáles serían los incentivos fiscales que debemos priorizar para formalizar y apoyar a estos interesados?
2. El Ente Operador Regional del Mercado Eléctrico de América Central ha confirmado la capacidad de generación eléctrica de Panamá, la cual registró un incremento de venta de energía de 67.5 GWh (43.4%) durante el año 2020, siendo nuestro principal cliente Nicaragua, con 135.1 GWh.
3. Considerando la existencia de vehículos eléctricos con softwares integrados para el cobro de servicios de carga, ¿Es factible centralizar la pasarela de pago?
4. La Cámara Solar de Panamá sustentó el ahorro de dinero y tiempo en el proceso de carga de vehículos eléctricos mediante estaciones conectadas a paneles solares, lo que facilita la implementación de la movilidad eléctrica en zonas rurales y crea oportunidades de emprendimiento por su bajo costo de instalación.
5. Las baterías y sus componentes definen el precio final de los vehículos eléctricos; datos del Global EV Outlook 2021 reportan que el 71% de las baterías vendidas en el 2020 están compuestas por células de óxido de litio, níquel, manganeso y cobalto (NCM Batteries).
A medida que se profundizaba el análisis de estos escenarios pudimos valorar que el Proyecto de Ley 162, más allá de ser una iniciativa destinada a la venta y compra de vehículos eléctricos, es un elemento de independencia energética, descentralización, así como una ruta para el desarrollo de ciudades inteligentes en Panamá.
Estas rutas podrían explorar la tecnología V2G (Vehicle to Grid), la cual convierte a los vehículos eléctricos en proveedores de energía para el Sistema de Interconectado Nacional (SIN). Adicionalmente, el uso de softwares y datos optimizarán la gestión energética con redes inteligentes. Un ejemplo de esto es el método de redes inteligentes abastecidas por energías renovables que impulsó el desarrollo de una ciudad inteligente experimental y un modelo de negocio de “hub” energético empleado por el laboratorio alemán de energías renovables EUREF-Campus.
La inteligencia artificial orientada a la gestión del transporte sería una ruta que permitiría analizar los niveles de contaminación, testear sistemas de pago digitales y recopilar experiencias para la implementación de vehículos autónomos.
El Proyecto de Ley 162 fue aprobado en primer debate el 5 de agosto de 2021, coincidiendo con el anuncio de compromisos globales por figuras políticas y empresariales. Proyecciones de Volkswagen indican que los vehículos eléctricos representarán el 70% del total de sus ventas para el año 2030. Toyota presentará 15 modelos de vehículos eléctricos para el año 2025.
El presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, publicó en su cuenta twitter que “El futuro de la industria automotriz es eléctrico, no hay vuelta atrás.” La movilidad eléctrica y su trascendencia en la definición de rutas para el desarrollo de ciudades inteligentes en Panamá, está alineada a la narrativa de vida del autor, un hombre educado por grupos liberales y ecologistas que inició su activismo político en un voluntariado de transporte y, actualmente, tiene la oportunidad de contribuir en la trascendencia de este sector.
El autor es miembro de la Fundación Libertad
