Digamos que el cuento es cierto; que Denisse Vega no formaba parte de la organización que ofrecía y ponía vacunas contra Covid-19, fuera de los canales oficiales. Digamos que ella solo es uno más de esos panameños inconscientes, dispuestos a aprovecharse de la corrupción imperante.
Digamos que el tal Matías Pérez Escudero le produjo tanta confianza, que se animó a organizar una sesión de vacunación para los empleados de sus empresas Vidatec y Cordón de Vida, a pesar de que con ello estaba violando el protocolo del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), afectando la distribución de las vacunas a sectores prioritarios y más vulnerables.
Digamos que, tal y como nos informó el procurador encargado Javier Caraballo, el dato sobre la situación del mercado negro de vacunas lo proporcionó Celine Gazal de Esses, quien había ya organizado una sesión para sus allegados.
Digamos que, con la información obtenida, Denisse Vega se puso en contacto con Pérez Escudero y dispuso utilizar un edificio de su propiedad en Coco del Mar, para llevar a cabo la vacunación clandestina, disponiendo además de personal de su empresa para hacer el seguimiento a los vacunados.
Si esta historia es cierta, Denisse Vega, Celine Gazal de Esses y los que participaron de las jornadas de vacunación clandestina, ejemplifican el terrible deterioro del tejido social panameño. Un deterioro que se alimenta del privilegio, la corrupción y la impunidad, así como de la indiferencia sobre el daño colectivo que provocan sus acciones.
Denisse Vega, Celine Gazal de Eses y el resto -así como Julio Caballero y los implicados en el tema de las bolsas de comida-, son parte de una institucionalidad social y cultural que está minando la base de la democracia, la convivencia pacífica y profundizando la desigualdad.
Lo sucedido me hizo desempolvar mi ejemplar del Informe Nacional de Desarrollo Humano 2007-2008 “Institucionalidad para el desarrollo humano” del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que constituye una contundente crítica a la institucionalidad y al contrato social panameño, “el real, aquel que se nutre del diario accionar, de la cotidianidad de las acciones…”.
Si bien tendemos a identificar las instituciones únicamente con el sector público o la estructura administrativa del Estado, en realidad el concepto de institución es mucho más amplio e incluye las relaciones sociales que se vuelven recurrentes, que se repiten y se hacen normas aceptadas, reglas del juego que se formalizan y se convierten en instituciones. En el caso panameño, se trata de la cultura del privilegio, la corrupción y la impunidad.
El informe utilizaba la figura de un témpano de hielo cuya parte visible representaba las normas y las reglas formales que incentivan determinadas acciones, produciendo consecuencias.
Ese mismo témpano de hielo tiene una parte oculta bajo el agua mucho más grande, que representa la institucionalidad informal que lo marca todo, y que incluye la cultura, los acuerdos tácitos que hacemos como sociedad, la conducta, las costumbres, la historia. En otras palabras, las reglas del juego que hemos aceptado como normales y aceptables.
En cuanto a la institucionalidad formal, el Informe destacaba el fracaso del sistema, que se manifestaba especialmente en la existencia de sectores excluidos de los beneficios de la democracia. Trece años después, la situación es mucho peor. Hoy la institucionalidad está en ruinas, la impunidad es la regla y el clientelismo se ha convertido en la única fórmula que tienen los grupos más vulnerables para sobrevivir.
El informe concluía en que Panamá necesitaba “cambiar estrategias, modelos y prácticas con carácter de urgencia, para que una nueva y legítima institucionalidad social, económica, jurídica y política pueda servir mejor los objetivos de desarrollo humano sostenible”. A pesar de las claras advertencias, nada sucedió.
Tenemos el peor aparato burocrático de Latinoamérica (BID 2006), una Asamblea casi completamente dedicada al clientelismo y una justicia inoperante, mientras sacamos pésimas notas en todos los índices existentes sobre democracia, corrupción, estado de derecho, educación. El cambio que requiere este país no puede seguir esperando.
Impulsar esos cambios ha sido siempre cuesta arriba. Son muchos los que se benefician del status quo, de los privilegios, de la impunidad. Son muchos los que miran para otro lado o como Denisse Vega, Celine Agrazal de Esses, Julio Caballero o Matías Pérez Escudero, los que pretenden aprovecharse de una institucionalidad inoperante.
Pero ahora tenemos la posibilidad de poner a funcionar el sistema para lograr una nueva Constitución -esa que estamos esperando desde la invasión- y hacer posible los cambios que requiere con urgencia nuestra democracia. Por eso apoyo al Movimiento Panamá Decide en el proceso de buscar las firmas que se requieren.
Por supuesto que no hay garantía de nada, pero es una oportunidad de acción ciudadana y tenemos que aprovecharla.
La autora es es periodista, abogada y activista de derechos humanos
