Cumple, en esta fecha, 80 años de funcionamiento ininterrumpido la Caja de Seguro Social (CSS). La Ley #23 de 1941, aprobada durante la primera administración del Dr. Arnulfo Arias Madrid, creó esta institución de seguridad social y dispuso el inicio de sus operaciones a partir del 31 de marzo del mismo año.
Aunque desde 1924 se habían establecido esquemas de protección social para algunas categorías de trabajadores, la Ley #23 de 1941 universalizó la cobertura a todo el personal estatal y privado, a través de pensiones de vejez, invalidez y viudez; seguro contra riesgos laborales; subsidios de maternidad; y atención de salud. El seguro de desempleo—cobertura fundamental en el marco de una economía capitalista—nunca se ha instaurado.
Panamá instituyó su CSS primero que 12 de los 20 Estados latinoamericanos, o sea, pocos meses antes que Costa Rica y años antes que México, Paraguay, Colombia, República Dominicana, Bolivia, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Cuba, Haití y Guatemala. Esto, aunado a la amplitud de la cobertura—que, además seguridad social básica, incluye la atención de salud—nos da una medida de la visión de sus fundadores.
En años posteriores a su creación, la CSS estableció programas para la adquisición de viviendas, ofreciendo créditos hipotecarios a prestatarios calificados. De esta manera, contribuía a un fin social importante—la adquisición de residencias propias—y diversificaba su cartera de inversiones, en aras de mayores y más estables rendimientos para los fondos que administra.
El impacto de la CSS en la sociedad panameña ha sido enorme. Su aporte al bienestar social en nuestro país aún no ha sido cuantificado, una de tantas tareas pendientes. Vale la pena recordar que, al 31 de diciembre de 2019, la caja reportó activos por $11.6 mil millones.
Al mismo tiempo, muy pronto después de sus inicios, la mal llamada “clase política” descubrió su potencial para el clientelismo y el enriquecimiento ilícito. Este potencial, puesto al servicio de los corruptos desde los años del antiguo régimen (defenestrado en 1968), tuvo su máxima explotación durante la dictadura militar.
Sin controles efectivos y sometida, como otras organizaciones del Estado panameño, a la voluntad absoluta del tirano, la CSS se convirtió en su cajero automático, al mismo tiempo que botín para premiar a colaboradores de la dictadura con “botellas” en el sector público. Como si todo lo anterior no bastara, el entorno del déspota, siempre atento a oportunidades de negocios, ideó un “Programa Colectivo de Viviendas”, que no construyó una sola casa, pero le robó a la caja unos $100 millones entre contratos chimbos de construcción y seguros.
Hasta el propio partido oficialista (PRD) recibió comisiones por la contratación de seguros, de acuerdo con un esquema burdo que fue desenmascarado por el fiscal Carlos Cuestas. Cuando el recién estrenado procurador, Rafael Rodríguez Aizpurúa (fallecido hace algunos meses) se propuso llegar al fondo de este escándalo, el tirano de turno—quien hoy dicta cátedras de democracia y ética política en las páginas de este diario que mandó a cerrar “desde ya”—lo despidió sumariamente.
Así se perdió en los bolsillos de jerarcas perredistas y de la Guardia Nacional una suma astronómica que hoy, ajustada por inflación, equivaldría a unos $273 millones. Peor aún: la política de saqueo, expolio y vandalismo de los fondos de la CSS continuó a pesar de la transición a la democracia, auspiciada por gobernantes inmorales, directores sinvergüenzas, una junta directiva proveniente del lumpen y una burocracia exagerada de 32 mil 248 empleados al 30 de noviembre de 2020, los cuales, en confabulación con proveedores mafiosos y empresarios delincuentes, no descansan en su empeño de despojar a los asegurados de sus pensiones de vejez y su atención de salud.
Los pocos que han tratado de enderezar el sistema—como el Dr. Rolando Villalaz, brevemente director en 2003-2004—rápidamente han sido puestos fuera de circulación. No hay lugar en la caja para el talento, la honradez y las buenas intenciones. La CSS es un emporio de corrupción y degradación.
En el octogésimo aniversario su fundación, va cundiendo entre los asegurados una preocupación, rayana en frustración, por su pésima administración y la amenaza que se cierne sobre nuestras jubilaciones. Parece inevitable que, para garantizar que la caja siga funcionando, serán instituidas medida paramétricas, como el aumento de la edad y cuotas de jubilación (otras, más drásticas, también se mencionan.)
Antes de aceptar mayores privaciones y sufrimientos para una población ya castigada por pésimos servicios y jubilaciones que no alcanzan para vivir, exijamos—mediante una masiva movilización ciudadana—la presentación de estados financieros auditados y la creación de una comisión que investigue y contabilice los desfalcos perpetrados contra la CSS en los últimos 50 años, y confisque y entregue al patrimonio de la caja los bienes mal habidos por quienes se han dedicado a saquearla.
El autor es politólogo e historiador y dirige la maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá.
