Democracia amenazada

En muchos países, la pandemia ha dado la excusa perfecta para suprimir libertades, debilitar el estado de derecho, someter a la población a controles autoritarios y, en general, mermar la democracia.

Panamá no es la excepción. La pandemia nos sorprendió con el PRD, el partido de la dictadura, a cargo del gobierno, tras un proceso electoral lleno de vicios, irregularidades y trampas, que le entregó, por estrechísimo (y sospechoso) margen, el control del Ejecutivo.

La compra de votos y otras triquiñuelas puso en manos de ese partido la Asamblea Nacional, las principales alcaldías y los consejos municipales del país. Con menos de un tercio del voto popular, el PRD acaparó los presupuestos y cargos públicos nacionales y municipales.

El gobierno perredista, de estirpe cuartelaria, estaba bien posicionado para emprender su asalto a la democracia tan pronto comenzó la crisis del coronavirus. No dejó pasar la oportunidad.

Tras la detección de los primeros contagios, mediante decretos ejecutivos suspendió—arbitraria e indefinidamente—el ejercicio de las garantías constitucionales a transitar libremente por el territorio nacional (Art. 27) y a reunirse pacíficamente (Art. 38).

Sus medidas inconstitucionales también restringieron la libre práctica de cualquier profesión u oficio (Art. 40) y el legítimo aprovechamiento de la propiedad privada (Art. 47).

Impactaron, además, el ejercicio de los derechos al trabajo (Art. 64), el salario (Art. 65), la educación (Art. 91), la salud (Art. 109) y a la alimentación de los sectores vulnerables (Art. 56), entre otros, así como el acceso a la justicia, el cual, según la Constitución (Art. 201), debe ser gratuito, expedito e ininterrumpido.

El gobierno obvió el procedimiento constitucional establecido en el Art. 55, que lo obliga a declarar el estado de urgencia mediante decreto de gabinete y someterlo al Órgano Legislativo, si dicho estado se prolonga por más de diez días, para que la Asamblea Nacional confirme o revoque, “total o parcialmente, las decisiones adoptadas por el Consejo de Gabinete, relacionadas con el estado de urgencia”.

Puso la aplicación de sus inconstitucionales decretos en manos de una fuerza pública corrupta y autoritaria, penetrada por el crimen organizado y compuesta por un elemento ignorante, carente hasta de los más básicos elementos del derecho.

Las consecuencias son evidentes para todos: el escandaloso incremento en el abuso policial, acompañado del alza en la criminalidad, como lo indica el vertiginoso aumento en el número de homicidios, de 281 (enero-agosto de 2019) a 345 (enero-agosto de 2020), según el Ministerio Público.

Los servicios de seguridad se han entregado con ahínco a lo que mejor saben hacer: atropellar y coimear a la población, en tanto colaboran eficazmente con el crimen organizado para que siga operando con el mayor provecho para sí y sus cómplices uniformados. Su arbitrariedad ha escalado a niveles no vistos desde el predominio de los grandes héroes del panteón perredista: Torrijos, Paredes y Noriega.

El confinamiento de la ciudadanía ha permitido a los allegados al gobierno aprovecharse descaradamente de la cosa pública. A diario nos desayunamos con noticias de un saqueo que no cesa, dirigido a enriquecer a los insaciables jerarcas del PRD y sus secuaces.

Ante este cúmulo de exabruptos, la ciudadanía no tiene adónde recurrir. El sistema democrático implica no solamente que el pueblo (“demos”) tiene la facultad de elegir a sus gobernantes—facultad seriamente comprometida en Panamá, por el clientelismo y la corrupción electoral—sino, también, que las instituciones democráticas funcionan para asegurar que los mandatarios operen legalmente, eviten los abusos y rindan cuentas de sus actuaciones.

Ninguna de las instituciones llamadas a ejercer esos controles—la Asamblea Nacional, los tribunales de justicia, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo—funciona en Panamá. En 30 años de “democracia”, la mal llamada “clase política” se ha dedicado a socavarlas.

Como consecuencia, no queda más opción que la presión ciudadana para impedir la entronización del autoritarismo, con Nito I a la cabeza, como lo desea el PRD.

Para considerar la temática expuesta, tendrá lugar esta tarde el panel “Democracia amenazada”, con la participación de Rossana Castiglioni (Universidad Diego Portales, Chile), Betty Brannan Jaén (La Prensa y Museo de la Libertad y los Derechos Humanos, Panamá), y quien escribe. Enlace para registro (gratuito): https://panama.fsu.edu/professional-development-program/programas/panel-democracia/.

El autor politólogo e historiador y dirige de la Maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá.