Por iniciativa de la ONU, celebramos cada 15 de septiembre el Día internacional de la democracia (A/RES/62/7). Este año, la conmemoración adquiere mayor relevancia en torno al vigésimo aniversario de la Carta Democrática Interamericana, adoptada en 2001 (AG/RES. 1 [XXVIII‐E/01]).
Dicha carta reconoce el derecho a la democracia y destaca su centralidad al desarrollo de los pueblos (Art. 1). Advierte que la democracia representativa es la base de la legalidad (Art. 2) y destaca sus “elementos esenciales” (Art 3): (1) respeto a los derechos humanos; (2) acceso al poder conforme al Estado de derecho; (3) elecciones periódicas, libres y justas; (4) un régimen plural de partidos; y (5) separación de poderes.
Medido contra estos parámetros, el sistema político panameño es, en el mejor de los casos, una democracia representativa defectuosa en vías de autocratización. Los derechos humanos son continuamente atropellados por funcionarios (especialmente militares) que operan impunemente, gracias a la inutilidad del órgano judicial y la carta blanca que les ha dado una dirigencia política inepta y codiciosa.
El acceso al poder no concuerda con el Estado de derecho, pues su rasgo sobresaliente es el continuo zarpazo a los recursos públicos, conducta a todas luces ilegal. Las elecciones podrán llevarse a cabo periódicamente, cada 5 años, pero malamente puede aseverarse que son libres y justas, cuando se ganan los cargos a partir del bandolerismo electoral y la escandalosa compra de votos.
El régimen de partidos es un cartel mafioso de traficantes de influencias y salteadores del erario. La separación de poderes no existe. Esa es la radiografía de la “democracia” panameña.
Ya que las votaciones “libres y justas” son uno de los pilares de la democracia representativa y que el Código Electoral—recién descubierto por algunos—está en el ojo de la tormenta, centrémonos en este elemento. El sistema de elecciones vigente, creado por la dictadura militar a partir de la Constitución de 1972 y el Código Electoral de 1978, están hechos a la medida para que el partido de los cuarteles continúe mangoneando el país.
Pese a su comportamiento delincuencial, esa empresa criminal sigue recibiendo el apoyo de un tercio del electorado. Rara vez ha obtenido más del 33% del voto en alguna de las cuatro elecciones realizadas quinquenalmente (presidente, diputados, alcaldes, representantes); aún así, controla todos los órganos estatales y municipales a partir de sus “triunfos” logrados mediante la trampa y el soborno a los votantes.
Dos mil 370 años atrás, Aristóteles definió los regímenes de este tipo—gobiernos de minorías dirigidas a llenarse los bolsillos—como oligarquías: uno de los tres sistemas depravados, junto con la tiranía y el gobierno de la turba (oclocracia). Como acá la minoría es—además—una chusma de la peor ralea, no se exagera cuando se califica al sistema político panameño como una oligarquía caquistocrática (de “caquistocracia”, el gobierno de los peores).
En su frustración e ignorancia, el público tiende a enfocarse en lo accesorio y superficial, evitando atender las causas fundamentales de este statu quo. Una vez más: tiene su origen en una Constitución y un Código Electoral impuestos por la dictadura para que sus adeptos permanezcan en el poder in sécula seculórum. Mientras tengan vida, no lograremos mejoramiento alguno, sino un deterioro progresivo y creciente que se hace cada vez más manifiesto.
Una característica fundamental del sistema de elecciones, favorable al PRD, es el predominio de elecciones uninominales. Son de este tipo la elección del presidente de la república; de 26 diputados a la Asamblea Nacional; 81 alcaldes; y 679 representantes de corregimiento (en 2019; ahora son más).
Como solo se elige un cargo—y hay hasta seis o más aspirantes a cada uno—es evidente que quienes mayores posibilidades tienen son los candidatos del partido que comanda la mayor de las minorías. Para rematar, la adjudicación del tristemente célebre “residuo” comparte similitudes con las elecciones uninominales, en virtud de lo que señala el Art. 403 del Código Electoral:
“Para la adjudicación del puesto por residuo, se contarán todos los votos obtenidos por cada candidato [no “cada partido”] en todas las listas en que hayan sido postulados …”
Gracias a esta genial y democrática fórmula, que recicla votos utilizados para la adjudicación por cociente y medio cociente (una soberana patraña), en 2019 alcanzaron escaños en la augusta cámara 12 diputados: Abel Beker (PRD), Néstor Guardia (PRD), “Bolota” Salazar (PRD), Miguel Fanovich (MOLIRENA), Roberto Ábrego (PRD), Leandro Ávila (PRD), Francisco Alemán (MOLIRENA), Crispiano Adames (PRD), Corina Cano (MOLIRENA), Víctor Castillo (PRD), Tito Rodríguez (MOLIRENA) y Alaín Cedeño (CD). Juzque usted sus altas cualidades.
Mientras sigan en pie la Constitución militarista y su Código Electoral, la “democracia” panameña seguirá siendo una farsa orquestada por el PRD. Solo arrancando de raíz esos males engendrados por la dictadura, a través de una constituyente originaria, podremos lograr encaminarnos hacia una verdadera democracia.
Hasta que se logre ese objetivo, la reforma electoral más importante es la segunda vuelta para todos los cargos uninominales. Las otras modificaciones son secundarias; la que cuenta es la segunda votación. Por eso el PRD y el Tribunal Electoral (dos caras de la misma moneda) se le oponen con vehemencia.
El autor es politólogo e historiador y dirige la maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá.
