El presidente cumplió con su palabra y compromisos: creó una amplia comisión para que en ella todos los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia se sometieran a las requisas profesionales y éticas, y al final escogió entre los que salieron mejor calificados de ese nuevo tribunal inquisidor de jurisconsultos.
La creación y el papel de la comisión en este nuevo ejercicio para escoger a los magistrados resultó innovador, pero no suficiente para los que agitan la bandera de la moralina en los actos y en los negocios públicos, aunque muy poco exigen para los privados. Terminado el ejercicio salieron inmediatamente a condenar la escogencia de los dos nuevos magistrados, acusando al PRD de haber abusado de la buena fe de la comisión, la que no podía evadir en su trabajo investigativo a sus insoportables "colados". Se desprende de las histriónicas declaraciones que para los fundamentalistas de la moralina criolla sólo tendría validez el ejercicio de selección y recomendación si en las presentaciones de los abogados aspirantes no hubiesen participado prestigiosos abogados que militan en las filas del PRD.
Resulta entonces que el sectarismo político, del que acusan a los partidos que ejercen el poder, en ellos es un sectarismo especial, bueno, bien intencionado, naturalmente válido, cuando esperaban que la nueva modalidad de escogencia de nuestras máximas autoridades judiciales sólo favoreciera a sus intachables candidatos. Tal fue la indignación por el resultado que uno de los perínclitos de nuestro mundillo político y judicial, también embadurnado de moralina barata, señaló que la forma y la escogencia de los nuevos magistrados "era otra porquería del PRD y del Presidente de la República".
¿Acaso deseaban que la autodenominada sociedad civil, manipulada y controlada por figuras e intereses sectarios harto conocidos, fuese la que graciosamente escogiera a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? ¿Que fuesen los intereses de las altas clases sociales, que se manifiestan en los poderes económicos del país y en los grandes bufetes de abogados que las representan, como en los tiempos de la patria boba, los que escojan a los supremos jueces de la maltrecha justicia panameña? ¿Acabaría con ello la corrupción que carcome los cimientos de la nación?
Con este cómodo e inocente método que tratan de entronizar en la incipiente democracia panameña, en el que ninguno de los miembros que se escudan en la sociedad civil está sometido al escrutinio y al control directo de la ciudadanía, no nos extrañaría que mañana, con la misma inocencia y candor, propusieran que todos los futuros cargos públicos del país, incluyendo los de elección popular, fuesen también sometidos a estas comisiones, pues pareciera que para ellos los presidente de la República, a pesar de los poderes que poseen para designar a los magistrados, como en la mayoría de los países del orbe, no tienen la idoneidad para ejercerlos, razón suficiente para erigirse en sustitutos del electorado panameño, del pueblo panameño, al considerlo incapaz de escoger a sus líderes, según este particular modo de pensar y actuar.
El presidente Torrijos cumplió con crear la comisión evaluadora y con su palabra de que ejercería el supremo e indeclinable derecho constitucional -lo que fue también criticado en su momento por nuestros desinteresados social-civilistas-, en el momento de proponer a los magistrados a la ratificación de la Asamblea Nacional de Diputados. Al final del ejercicio, como era de esperarse, muchas críticas han recibido la comisión investigadora y la decisión presidencial de parte de los promotores del innovador método, demostrándose que haga lo que se haga, nunca estarán complacidos, a menos que los escogidos provengan de sus filas y de los bufetes que los representan. No quieren entender, o se hacen los tontos, que sólo participando en la vida política del país, que sólo sometiéndose al escrutinio popular y ganando espacios importantes en la capacidad de decisión política del país, es que podrían hacer valer sus criterios y hacerlos realidad, y no seguir amparándose en las mascaradas de sociedad civil que crean e inventan para sus particulares y especiales intereses.
La ciudadanía no es tonta y ve las orejas de estos lobos, por más que traten de esconderlas; sabe que la corrupción, entronizada en todo el tejido social, como ocurre hoy en todas partes del mundo, no se acabará con la escogencia de dos magistrados a la Corte Suprema Justicia; que el problema es más grave y profundo y que es con la participación firme de todos como debemos combatirla. Sin dudas se aspira a que los magistrados escogidos actúen con honestidad y con justicia, y no dudamos que será así; pero tampoco se engaña pensando que la corrupción terminará con estas mascaradas, como pretenden los social-civilistas, que no sólo se desilusionaron con las designaciones, sino que quedaron vestidos y alborotados al percatarse que todo, al final, fue, de parte y parte, como dicen los hermanos colombianos: mamadera de gallo.
El autor es miembro fundador del PRD